La Justicia de Francia condenó al expresidente Nicolás Sarkozy a un año de prisión por la financiación irregular de su campaña electoral de 2012, comicios en los que perdió ante François Hollande. El tribunal aclaró que la sentencia será "ejecutada bajo el régimen de vigilancia electrónica", por este motivo el expresidente no irá a la cárcel.

Durante el desarrollo del juicio, el exmandatario había negado todo vínculo con la elaboración de facturas falsas para justificar gastos de campaña por más de 49,6, cuando la ley francesa sólo autoriza gastos por la mitad de ese monto. Junto a él, otros 13 colaboradores fueron juzgados por el caso conocido popularmente como Bygmalion.

"Es un cuento", se defendió Sarkozy durante el juicio. "Me gustaría que me expliquen en qué hice más campaña en 2012 que en 2007. ¡Es falso!", agregó. Su defensa había pedido la absolución, ya que "no firmó ninguna factura".

Según agencias internacionales, el exmandatario no estuvo presente en el tribunal en el momento que la jueza Caroline Viguier leyó el veredicto del proceso judicial. La fiscalía había pedido un año de privación de la libertad, con seis meses de cumplimiento efectivo.

Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otro caso.

Más acusados además de Sarkozy

Otros trece acusados a los que se les imputó por montar un sistema de doble contabilidad recibieron penas de 2 a 3 años y medio de prisión, mayores a las del mandatario a quien sólo se acusó de "financiación ilegal de campaña".

"Sabía que yo sería condenado", dijo el director adjunto de la campaña, Jérôme Lavrilleux, sentenciado a tres años de prisión, dos de ellos de obligado cumplimiento, aunque se felicitó de que se le condenara solo por sus "errores".

Sarkozy también tiene abiertos otros procesos, entre ellos por corrupción pasiva y asociación de malhechores, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.