El 18 de agosto pasado, Alicia Blanco Villegas (madre del expresidente Mauricio Macri) le informó a la AFIP que su hijo Gianfranco Macri había declarado como propio un fideicomiso en el exterior que había sido "blanqueado" en 2016, a partir de la Ley 27.260 de amnistía fiscal que su hermano (Mauricio) había impulsado.

Pero en esa nota, enviada al órgano recaudador de forma espontánea, Villegas también aclaraba que era ella y no su hijo la que poseía actualmente la “administración y control de los activos de 'Quiñel Trust'”.

Esta situación formaba parte de una maniobra para enviar al exterior una suma de 25 millones de dólares a cuentas bancarias en paraísos fiscales.

En el texto había también una omisión: la madre del expresidente no informó que las autoridades de Liechtenstein, donde está radicado el fideicomiso, habían advertido que “se informó a Quiñel Trust que, debido a una disposición especial de la ley tributaria argentina, Blanco Villegas no declaró sus activos sino que los hizo uno de los segundos beneficiarios”. Ese "segundo beneficiario" resultó ser Gianfranco Macri.

Además, aclararon que existía otra advertencia, porque la mujer es madre de un exfuncionario público que ejerció cargos públicos entre 2005 y diciembre de 2019”. Esta figura se conoce como Persona Políticamente Expuesta (PEP). Todo eso fue informado al fisco argentino.

Liechtenstein también envió a la Argentina otros documentos. Entre ellos, el reglamento de beneficiarios que tenían los fondos y los estatutos del 4/3/2011.

Este último es de los más importantes: allí queda establecido en esa fecha que “la primera beneficiaria” de Quiñel Trust -controlante de las acciones de Reata Pacific, y con dos cuentas bancarias- es Blanco Villegas. La fecha coincide con el período en el cual Mauricio Macri buscaba su reelección como jefe de Gobierno.

En el mismo sentido, Blanco Villegas aparece como beneficiaria principal en 2011, seis años después del ingreso de Macri a la función pública; a lo que se agrega que no existe declaración de origen de los fondos y rentas acumulados en las cuentas de Reata Pacific ni las fechas de incorporación al patrimonio. De esto se desprende que la única opción de maniobra para enviar al exterior el dinero era pasar por Gianfranco.

La madre de Macri se enteró de que estaba en marcha una fiscalización sobre su persona, con lo cual envió una carta a la AFIP en la que expresa que “como es de vuestro conocimiento, Gianfranco Macri, en su calidad de beneficiario de un fideicomiso en el exterior, tributaba el Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los Bienes Personales respecto de las rentas y los activos que integraban dicho fideicomiso en el exterior”.

Además afirmó que el órgano había sido informado oportunamente y que no hubo “objeciones ni observaciones” del fisco. Esto es que Gianfranco adhirió el 23/12/2016 y lo incluyó en sus declaraciones de impuestos de 2017, requisito para acceder al blanqueo.

Pero parte de esto es lo que se cuestiona: no existió desde el 2017 en adelante por parte de la AFIP de Alberto Abad y Leandro Cuccioli una constatación de que las titularidades de lo que exteriorizaban fueran reales.

“Dado que el sr. Gianfranco Macri ha perdido la condición de residente argentino en el ejercicio fiscal 2020 y que poseo la administración y control de los activos del Trust en la actualidad he incorporado en mi declaración jurada del Impuesto a las Ganancias… las rentas netas de fuente extranjera generadas por los activos que integran el fideicomiso”, sostuvo Blanco Villegas, y agregó que en su declaración para el año pasado “se puede advertir que se ha incorporado” a su patrimonio “dado que se produjo únicamente un cambio en el contribuyente que declara los bienes a fines impositivos en Argentina”.

Ante esta situación, el fisco decidió consultarle el 7 de septiembre a Gianfranco la razón por la cual declaró como propio algo que su madre dice que le pertenece.

Blanco Villegas afronta ahora la posible caída del blanqueo y el pago del retroactivo de lo supuestamente evadido al fisco desde 2000 a esta parte, además de una denuncia penal por evasión y lavado de activos.