La bancada de diputados de oposición de Chile anunció este martes que presentará una acusación constitucional (juicio político) contra el presidente Sebastián Piñera, debido a su aparición en la investigación periodística Pandora Papers.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario, todo en una operación que se habría concretado en las Islas Vírgenes Británicas.
Piñera y su familia habrían sellado la compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte del país, con un pago de tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzara la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias.
"Por infringir el principio de probidad (artículo 8 de Constitución) y comprometer el honor de la Nación, la acusación constitucional contra Sebastián Piñera va", señaló en sus redes sociales la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas.
"Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente", declaró por su parte el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, desde el Congreso.
El parlamentario de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, afirmó que su partido también está disponible para apoyar el documento acusatorio
"Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (...) La mayoría de los diputados optó por si tenemos una acusación constitucional, nosotros estamos disponibles", aseguró Ascencio en declaraciones citadas por la agencia EFE.
El Ejecutivo negó en reiteradas oportunidades cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas producto de un fideicomiso ciego.
La acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado y para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad que fueron denunciadas por diversas organizaciones internacionales.
