La comisión encargada de estudiar una eventual acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, comenzó este martes con las audiencias para analizar la situación del mandatario respecto a la investigación Pandora Papers. La utilización de empresas en paraísos fiscales para hacer negocios, también estuvo en la agenda de una comisión en Ecuador que investiga la actuación del presidente Guillermo Lasso.

Piñera y Lasso son dos de los gobernantes de la región que tienen dificultades por la investigación periodística Pandora Papers, referida a los negocios con empresas offshore. Además de ambos mandatarios, de la investigación surge que ministros de varios países también utilizaron este tipo de mecanismos.

La reacción a estas revelaciones llevó a que actuara el Ministerio Público de cada país, así como el Parlamento.

En los casos de Piñera y Lasso, está en el horizonte la posibilidad de que sean sometidos a un juicio político. Remover a un presidente implica la puesta en marcha de una serie de mecanismos que requieren mayorías especiales para que se concreten.

El caso Piñera

Es la segunda vez que Piñera está ante un posible juicio político. A finales de 2019 se presentó una acusación, tras el estallido social, pero no alcanzó, por poco, la mayoría de 78 votos requerida en Diputados.

En el caso de los Pandora Papers, la investigación apunta a que Piñera participó en la compraventa del proyecto minera Dominga.

La acusación fue presentada con la firma de todos los legisladores de la izquierda y la centroizquierda chilena. Está fundamentada en dos ejes: falta de probidad y comprometer el honor de la nación.

Una comisión especial de cinco integrantes comenzó a analizar la acusación. Este martes recibió a abogados ambientalistas. Piñera tiene hasta la semana próxima para presentar sus descargos.

Una vez analizada toda la documentación y declaraciones, la comisión tendrá seis días para estudiar la acusación y emitirá un informe no vinculante.

Cuando el tema sea analizado en el pleno de Diputados, Piñera puede invocar ante los legisladores una “cuestión previa”, por entender que la acusación no cumple las condiciones reglamentarias. Si esta cuestión es respaldada, cae la acusación. De lo contrario, continúa la votación. Para que sea aprobada se necesitan los votos de 78 de los 155 diputados -69 responden al oficialista Vamos Chile, mientras la oposición tiene 48 por Unidad Constituyente y 27 por Apruebo Dignidad, otros 11 son independientes-.

Si la acusación es aprobada pasará al Senado, donde Chile Vamos tiene 15 legisladores, Unidad Constituyente 20, Apruebo Dignidad uno y hay 7 independientes.

En el Senado, de 43 integrantes, se necesita una mayoría especial de dos tercios para destituir al presidente. Si eso ocurriera, queda inhabilitado para ejercer la función pública por cinco años. El Congreso, en tanto, deberá elegir al nuevo mandatario en un país en el que no existe el cargo de vicepresidente.

El caso Lasso

En el caso de Lasso en Ecuador, el vínculo con empresas offshore es analizado por la Comisión de Garantías Constitucionales. La investigación apunta a “esclarecer” si Lasso “posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales”, explicó el Parlamento en un comunicado.

De la investigación Pandora Papers surge que Lasso llegó a tener vínculos con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá), pero luego sus aspiraciones políticas lo llevaron a cambiar esa estructura. 

En su defensa, el presidente aseguró que todas las inversiones que realizó en Ecuador y fuera del país “estuvieron dentro del marco de la ley”.

La comisión comenzó este lunes a recibir invitados para informar sobre el tema. Se recibió a académicos, constitucionalistas, economistas, quienes explicaron el marco constitucional y legal, nacional e internacional sobre paraísos fiscales o cuentas offshore. Están invitadas a participar 42 personas, entre ellas familiares del presidente.

La comisión cuenta con 30 días para elaborar un informe que será debatido en el pleno.

Una de las acciones que podría tomar la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral de Ecuador, es que se recomiende iniciar un trámite de juicio político contra el presidente. Para ello, se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

Si la Corte habilita el camino, la Asamblea Nacional analizará el caso y escuchará los descargos del presidente. Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. El organismo unicameral se compone de 137 escaños, de las cuales solo 13 son del movimiento oficialista Creando Oportunidades.

Otros casos

Los Pandora Papers también derivaron en investigaciones parlamentarias aún en curso en Brasil y Colombia.

La Comisión de Trabajo, Administración y Servicio Público de la Cámara de Diputados de Brasil, analiza la actuación del ministro de Economía, Paulo Guedes, que figura en el informe con transacciones financieras realizadas en el exterior a través de una sociedad offshore. Desde el Ministerio de Economía, se afirmó que las cuentas del jerarca fueron "debidamente declaradas a la Hacienda Federal, la Comisión de Ética Pública y demás órganos competentes".

En Colombia, los legisladores analizan la actuación de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y a dos altos funcionarios del gobierno de Iván Duque por su vínculo con empresas en paraísos fiscales.