El Gobierno pidió la extensión de la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri a sus accionistas mayoritarias: Socma Americana y Sideco Americana. Busca que la empresa, que tiene una deuda que ronda los 6000 millones de pesos, cumpla con las obligaciones pendientes desde hace 20 años con sus acreedores, entre ellos el Estado.

"La insuficiencia del activo de la quiebra principal para cumplir con los créditos es evidente", dice la presentación que hizo el procurador Carlos Zannini ante el juzgado de Marta Cirulli, que publicó el diario Página 12. 

El escrito de la Procuración del Tesoro recuerda que para circunstancias de estas características está prevista la posibilidad de responsabilizar a las empresas relacionadas "con el deudor principal y su actuación" por las deudas generadas pendientes.

“La extensión de quiebra constituye uno de los medios orientados a incrementar el activo liquidable para su reparto entre los acreedores, generalmente insatisfechos a raíz de la insolvencia de su deudor (...) en atención a la insolvencia de Correo Argentino, el Estado Nacional resulta un acreedor afectado por el déficit del activo en la quiebra principal, motivo por el cual pretende hacer extensiva la quiebra decretada, a las sociedades controlantes Socma Americana y Sideco Americana, en orden a satisfacer el crédito que como acreedor verificado le pertenece", dice el escrito. 

Ley de Concursos y Quiebras

El planteo recuerda que la ley de Concursos y Quiebras prevé en el inciso 2 del artículo 161 la extensión de quiebra a "toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”. 

En este sentido, Zannini hizo hincapié en que "existen más muestras de la conducta fraudulenta con la que el Grupo Controlante manejó y maneja hoy día el destino de la hoy fallida, siempre teniendo como norte el vaciamiento fraudulento de Correo Argentino en beneficio de sus accionistas mayoritarios, denominador común de todos los actos a los que nos venimos refiriendo".

Allí también señalan que "merecería un capítulo aparte el entramado que pone en escena al Meinl Bank, lo que tomó estado público hace pocos meses".

El Meinl Bank es una entidad austríaca a la que el Correo le vendió la parte mayoritaria de su deuda privada y congeló el valor al dólar de 2013, a 6,5 pesos. Ese banco fue acusado de lavado y está inhabilitado hoy para operar.

Las empresas Macri

En el caso del Correo, señala la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, las controlantes Socma y Sideco quedaron implicadas en el desvío de fondos con los que se habría intentado favorecerlas.

Socma tiene el 86 por ciento del capital social y si bien Sideco dejó de ser accionista (le vendió su parte a Socma), "reunía dicha condición al momento de ocurrencia de los hechos por los cuales se solicita la extensión de la quiebra". 

En la actualidad, el accionista mayoritario de Socma es Gianfranco Macri, con un 40% de acciones; 20 % pertenecen a Mariano Macri; otro 20% a Florencia Macri y el 20% restante es de los hijos de Sandra Macri, quien falleció.

Mauricio Macri se desprendió de las acciones: las había cedido a sus hijos (Agustina, Gimena y Francisco), y luego estos en 2017 a Gianfranco. Esto evidencia que la quiebra y su extensión pueda afectarlos a ellos, contra lo que alegaba el expresidente para victimizarse cuando la jueza Cirulli decretó la quiebra. 

La causa

La causa por la quiebra está suspendida por decisión de la jueza tras una apelación del Correo, pero la Procuración del Tesoro pidió la extensión como reaseguro.

La decisión sobre la validez de la quiebra está ahora en manos de la Sala B de la Cámara Comercial, que tiene una nueva integrante, María Guadalupe Vásquez, que se sumó a las históricas Maria Lelia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Todavía en este asunto debe dictaminar Boquin.

En forma simultánea, los Macri intentan que el expediente pase al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). A ese tribunal le pidieron el apartamiento de Cirulli y de Boquin.

La discusión está ahora en manos de la Corte Suprema, que debe definir las competencias de la corte porteña, lo que será clave para esta causa y a futuro para otras. 

La jueza Cirulli, por lo pronto, dijo que resolverá el pedido de extensión después que la Cámara se pronuncie sobre la quiebra.