Los vecinos que habitan el entorno del Elefante Blanco denunciaron que en los últimos días fueron visitados por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes les habrían adelantado que serán desalojados del predio para poder avanzar en la construcción del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
El Defensor público Ramiro Dos Santos Freire y la Asesora Tutelar, Norma Sas, presentaron entonces una medida cautelar ante el juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, para impedir los desalojos compulsivos. La presentación de Sas y Santos Freire tiene carácter de “urgente”, ya que consideran que está en riesgo el derecho a la vivienda digna de unas 50 familias que habitan la manzana 27 bis, en las inmediaciones del Elefante Blanco. Las familias, de hecho, acompañaron con su firma el pedido de amparo.
Según indicaron en la presentación judicial, la Defensoría ha recibido pedidos de manera informal (llamados telefónicos, consultas en el territorio) que dan cuenta de la preocupación de los vecinos que reciben constantemente visitas de funcionarios del Gobierno porteño “que manifiestan que deben retirarse del predio y que resultaría inminente un desalojo.” Y señalaron que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su Programa ATAJO, “ha receptado denuncias de vecinos que dan cuenta de esta situación”.
Sas y Santos Freire advirtieron que “las versiones sobre la posible instalación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA al Complejo Elefante Blanco, generan incertidumbre entre los vecinos, en la medida en que no se prevé una solución habitacional para quienes deban ser trasladados”.
Las familias afectadas, remarcaron los defensores, padecen una “gravísima situación de vulnerabilidad social y de carencia de recursos, que les impide sostener derechos básicos (salud, alimentación, vivienda digna) y que necesitan imperiosamente de la asistencia estatal y el reconocimiento de sus derechos”.
“El lugar no es habitable, es indigno que haya personas viviendo ahí, entre la basura y los roedores. El Gobierno tendría que sentarse a dialogar con ellos y acordar una solución habitacional acorde a cada caso”, indicó Sas a Página/12. “No se puede desalojar así de un día para el otro sin garantizar los derechos de las personas involucradas”, añadió.
