Andrea vio como la topadora iba a tirar abajo su casilla y salió corriendo a buscar a su nena de 3 años, que dormía adentro y casi se le cae una parte arriba de su cabeza. Escuchó patadas y le pidió a un policía que la ayude a sacar la cama de hierro que tenía en la precaria construcción. Era uno de los efectivos que minutos atrás, habían gritado “salgan que queremos hablar”, a las que estaban en la toma “La fuerza de las mujeres”. Las esperaban con una orden de allanamiento y topadoras.
El 29 de septiembre la Policía de la Ciudad desalojó a las más de 52 familias que acampaban en un sector de la Villa 31. La gran mayoría eran mujeres con hijos, muchas con historias de violencia de género. Esa mañana, varias estaban llevando a sus hijos a la escuela cuando los efectivos irrumpieron. Al volver, vieron el lugar en el que se sentían “seguras” prendido fuego, escombros y cenizas. La
Más de un mes después, son contadas las familias recibieron ayuda económica del gobierno porteño o un lugar donde quedarse. Otras, resolvieron alquilar una pieza junto a otras mujeres y sus hijos, pero el alquiler se les hace “insostenible”. Reclaman respuestas, pero aún no tuvieron “ni una mesa de diálogo”.
“El papel que nos mostraron decía orden de allanamiento, no desalojo. Nos quedamos heladas, nos dijeron que nos iban a dar tiempo para sacar nuestras cosas pero de repente, sin mediar palabra, uno dio la orden y comenzaron a patear y destrozar todo”, contó una de las desalojadas en diálogo con AM750. La toma se instaló en julio, impulsada por el aumento de los precios de las habitaciones. Los tres meses estuvieron bajo amenaza de desalojo y finalmente ocurrió con un operativo sorpresa. El argumento de la Ciudad era que en ese predio funcionaría una escuela.
Refugio destruido
Muchas no hicieron a tiempo de sacar sus pertenencias. A la deriva, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció que las 52 familias relevadas (152 personas) se instalen en paradores. Según pudo saber este medio, sólo 5 fueron trasladadas a la red de Centros de Inclusión Social. Las 47 restantes “buscaron por sus medios un lugar en el cual hospedarse”.
Para algunas quedarse sin su lugar en la toma, que describieron como un “refugio” y un lugar donde se defendían entre ellas, significó volver a la casa de sus agresores. A los pocos días del desalojo, un grupo tuvo que asistir a una de sus compañeras porque su ex pareja volvió a ejercer violencia contra ella y poner en riesgo su vida. Otras, lograron alquilar junto a otras familias “piecitas” de 3x4 con baño compartido en el mismo Barrio Mugica.
Los precios de las habitaciones en esa zona tienen un piso de $15.000. El subsidio habitacional que entrega el Ministerio de Desarrollo Humano porteño no alcanza para un mes: es de $8.000, y en caso de grupo familiar, $13.000. Al momento del desalojo, 17 familias contaban con la asistencia.
“El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos había prometido un bono de emergencia, pero fuimos a la reunión y muchas de las personas que estábamos en la toma no estábamos en la lista que habían hecho”, contó Andrea a este medio.
Requisitos imposibles
Algunas familias están intentando reunir los requisitos para poder cobrar la ayuda económica. Miriam tiene tres hijos, y luego de que su hogar fuera destrozado, logró alquilar una pieza con una amiga: en total son ocho personas. Este mes pudo reunir los papeles para acceder al beneficio de emergencia, pero sólo logró juntar la mitad de las condiciones.
Entre los puntos necesarios, la Ciudad pide comprobar al menos dos años de residencia en CABA, certificación negativa de ANSES, un presupuesto con documentación del dueño del hogar donde quedarse o el hotel. “Entre los escombros perdí mis papeles, mi DNI, la libreta de los chicos, todo”, contó una de las entrevistadas.
En enero, Miram se quedó en la calle cuando perdió su trabajo registrado. Paró dos meses frente a un comedor, donde llevaba a comer a sus hijos y los higienizaba para ir a la escuela. Una mujer se le acercó y le dijo que estaban tomando el basural donde se montó “La fuerza de las mujeres”.
“Para nosotras es más difícil, pero estábamos todas juntas. Ahora, lógicamente algunas se dispersaron, pero las que estamos juntas vamos a seguir haciendo visible esto”, relató a AM750.
De acuerdo a fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, a cargo de María Miglione, “ninguna de las 52 familias quedó en situación de vulnerabilidad habitacional” y prometieron “abordar cada caso en particular de una manera integral a quienes también se les aseguran las herramientas necesarias para garantizar la escolaridad de los niños, incluyendo, entre otras cosas, los traslados diarios”.
El negocio del desalojo
En el lugar donde se encontraba la toma, el gobierno porteño quiere trasladar la escuela primaria y el jardín 10 del Distrito Escolar 11 “Indira Gandhi”, que desde hace 50 años se encuentra en el llamado Distrito Joven de Costanera Norte. La comunidad educativa realizó un abrazo simbólico para impedirlo y denunció que el destino de la ubicación actual sería instalar cervecerías y bares ya que se trata de una de las zonas de la Ciudad más cotizadas para emprendimientos inmobiliarios.
“La falta de comunicación oficial por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta genera una gran preocupación en docentes, familiares y estudiantes que desde hace años se organizan para saber cuáles son los planes de la Ciudad en relación a la escuela y que no quieren ser mudados”, indicaron en un comunicado las familias y autoridades de la institución educativa.
El 80 por ciento de la matrícula de esa institución es ocupada por niños y niñas que viven en la Villa 31. Pero por el momento, donde se encontraba la toma sólo hay un destacamento pequeño, aseguraron las mujeres, y el resto, continúa siendo un basural.