Tras meses de sueldos adeudados, el 31 de octubre de 2018 los trabajadores de la metalúrgica Canale, ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, recibieron su telegrama de despido de la empresa y ni un peso de indemnización. Como los miles de despedidos en la era Cambiemos, las 86 familias quedaron en la nada y luego de meses de acampe para evitar un vaciamiento, formaron una cooperativa. Esta semana, entregaron su primer pedido: latas de 5 kilos para dulce de batata.
A tres años del cierre y con las deudas saldadas, la ahora Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Lavallol (Cotramel) muestra los frutos de su recuperación que costó huelga, fondos de resistencia y choripaneadas hasta que la Justicia les otorgó la custodia de la planta, luego de cuatro meses de lucha. Desde la pandemia vienen "trabajando fuerte", y por esa reactivación, pudieron pagar las deudas de luz y gas.
"El rubro hojalatero tiene pocas fábricas, es oligopólico, y cuando se dictó el ASPO varias plantas cerraron transitoriamente. Un día antes del decreto de aislamiento social, a nosotros nos habían llegado 30 toneladas de hojalata. Un proveedor de envases supo que acá estábamos trabajando, vino a probar y no se fue más", contó Nicolás Macchi, delegado de la UOM en tiempos de Canale, referente de la cooperativa, a Página/12.
La cooperativa continuará dedicándose a proveer latas a para la industria alimenticia y envases de pinturas. Cuando la compañía estaba en manos de Camilo Carballo, la planta producía las conservas de tomates, legumbres, dulces y mermeladas, de los productos que comercializaba el mismo grupo empresario.
Canale no sólo abastecía al mercado interno sino que también exportaba sus enlatados a Paraguay, Tailandia, Uruguay y Bolivia. La fábrica de Llavallol proveía de enlatados a las elaboradoras de conservas en Mendoza, en las localidades de Tunuyán, Tupungato y San Rafael.
De los despidos a la recuperación
La situación de la fábrica en Lomas de Zamora data del 2015 cuando se pidió un rescate al gobierno de un préstamo al Banco Nación de 1.500 millones de pesos. Los trabajadores denunciaban diferentes irregularidades, como despidos a goteo y retiros voluntarios. En 2016 pasaron 6 meses sin trabajar y debieron sostenerse en conflicto para que la empresa no recortara personal. En 2018 la firma entró en concurso de acreedores.
Luego de meses sin cobro de sueldo, finalmente la compañía cesanteó a sus trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad. La justicia luego dictaminó su quiebra, pero con un fallo en el que dispuso garantías para la continuidad laboral de sus trabajadores.
Ahora, de los 86 trabajadores quedaron 40, pero ya son 48, porque se ampliaron con nuevos asociados, la mayoría hijos de los fundadores.
"Arrancamos con una máquina litográfica, que imprime directamente sobre la lata, y nos fuimos expandiendo hasta poner en funcionamiento tres máquinas, 12 horas por día, de lunes a viernes. Ahora conseguimos comprar equipamiento nuevo para volver a hacer las latas de 5 kilos, para dulces. Esto era importante para tener continuidad de trabajo, porque esta fábrica estaba preparada para laburar en la temporada de tomate y frutas, haciendo latitas de 350 gramos, pero la temporada va de noviembre a abril, y en invierno no teníamos demanda. Con las latas de 5 kilos vamos a producir para una cooperativa amiga, de San Pedro. Eso nos asegura tener continuidad y crear lazos con compañeros que están en la nuestra”, relató Macchi.
