El fiscal federal Diego Velasco rechazó este miércoles un planteo del ex intendente porteño Carlos Grosso para declarar prescripta una causa por la venta de un predio en el barrio porteño de Retiro que involucró también al difunto ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Grosso, Cavallo y el también exintendente Saúl Bouer (la acción penal contra Menem se extinguió por muerte) están acusados por haber vendido en 1992 la plaza Salvador María del Carril, situada en proximidades de la estación de trenes de Retiro,

La plaza, un espacio público en una de las zonas más caras de la Capital Federal, fue vendida por 400 mil dólares a una empresa llamada Nuevo Retiro SA, relacionada con la actividad agropecuaria y que en la actualidad figura con un capital inicial de 20 mil pesos.

Según la acusación, todos los exfuncionarios y el comprador del predio están sospechados de “haber intervenido en la venta ilegítima por parte del Estado Nacional de un predio de dominio público y afectado a dicho uso”.

“Un bien de dominio público del Estado Nacional como es una plaza fue enajenado sin ser desafectado en legal forma como ‘bien de dominio público’, causando ello un perjuicio al erario público”, sostiene la imputación.

Pese a que los hechos se remontan a 1992, la causa se inició el 15 de mayo de 2001 por denuncia del entonces titular de la Defensoría del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Elio Brailovsky.

El difunto juez Norberto Oyarbide sobreseyó a todos los imputados pero la Cámara Federal porteña revocó la resolución y dictó los procesamientos por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

Finalmente, luego de una serie de demoras y dilaciones judiciales, el 2 de marzo de 2018 se citó a las partes a juicio hasta que el 2 de noviembre pasado, “se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes y se dio, así, inicio a la instrucción suplementaria”, el paso previo al juicio propiamente dicho.

En esa instancia, Grosso pidió la prescripción por violación a la garantía del “plazo razonable”, que ahora el fiscal federal Diego Velasco rechazó.