El fiscal federal Guillermo Marijuan, generalmente alineado con los deseos del gobierno de Mauricio Macri, imputó y pidió abrir una investigación en relación a tres expresidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), y al ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) Pablo Rovito, a raíz de una denuncia por supuestos hechos de corrupción presentada por la Oficina Anticorrupción. Según el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas , Marijuan imputó a Alejandro Cacetta (nombrado y removido por el actual gobierno), a María Lucrecia Cardoso y a la diputada nacional Liliana Mazure (ambas durante la gestión anterior). La demanda también recae sobre el exgerente de administración, Raúl Segui; el gerente de Relaciones Institucionales, Rómulo Pullol; el coordinador de Espacios Incaa, Juan Zaffanella, y Rovito, quien además de haber estado a cargo de la escuela dependiente del instituto del cine es socio de la firma Grupo Aleph SA. La denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción aludió a dos delitos diferentes: por un lado, cuestionó la contratación del complejo de salas Artecinema, perteneciente a la empresa Grupo Aleph y, por el otro, hizo referencia a irregularidades y contrataciones sin licitación de traslados en combis y automóviles a eventos por más de 1,8 millón de pesos para tres festivales. Marijuan pidió que se ordenen medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes a la Inspección General de Justicia sobre los legajos de las sociedades Grupo Aleph SA y Max BS Tour SRL.