Cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su “profunda preocupación” por el proyecto de ley presentado por uno de los partidos que integra la coalición oficialista en Uruguay para otorgar prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años.
Esta medida beneficiaría a un grupo de personas procesadas y condenadas por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura (1973-1985).
"Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por el proyecto de ley que regula la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad", dice la carta firmada por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Además, la misiva lleva la firma del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De aprobarse el proyecto se permitiría “otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional", señalaron en la carta dirigida al canciller uruguayo Francisco Bustillo.
Los relatores recuerdan al Estado uruguayo que "el derecho internacional impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad".
Una medida de “protección”
El proyecto fue presentado por el partido de derecha Cabildo Abierto, uno de los integrantes de la coalición que apoya al presidente Luis Lacalle Pou. La iniciativa apunta a que los privados de libertad mayores de 65 años cumplan su condena de prisión domiciliaria, con los controles correspondientes a cargo del Ministerio del Interior.
En la exposición de motivos, los senadores de Cabildo Abierto afirman que con esta iniciativa se busca “la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales”.
En las cárceles uruguayas hay unas 100 personas privadas de libertad que tienen más de 65 años. La mayoría de ellas están presas por delitos violentos, como homicidios, femicidios y delitos sexuales. Más de 20 de las personas que se beneficiarían con la iniciativa están presas por torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985).
