El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, explicó este viernes que “aproximadamente el 25 por ciento de los residuos que se generan en Argentina son envases, de los cuales cerca del 90 por ciento son plásticos y, de ese total, el 8 por ciento se recicla". Y añadió que “lo restante, en el mejor de los casos, va a parar a un basural a cielo abierto o a un relleno sanitario”.
Por otro lado, Federovisky remarcó que el fundamento de la Ley de Envases con Inclusión social es el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP): "Quien pone en el mercado un producto que se va a convertir en residuo se haga cargo de su tratamiento".
En tanto, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos, José Luis Picone, señaló: "En primer lugar, tiene un impacto ambiental positivo por la disminución de los residuos a disponer en rellenos sanitarios o basurales, y menor consumo de recursos fósiles para producir plástico. Además, el reciclado evita generar gases de efecto invernadero y menor consumo de energía eléctrica".
Entre los beneficios económicos, Picone sostuvo que uno de ellos es la menor importación de productos plásticos, ya que Argentina no se autoabastece con este material, propiciando que cada tonelada reciclada se pueda volver a usar en el país sin necesidad de ser importada. "También con los residuos se fabrican productos que son exportados, es decir, se generan dólares a través de la basura”, agregó.
Durante 2020 se importaron más de 90 mil toneladas de residuos, que podrían recuperarse en nuestro país a partir de la implementación de sistemas de reciclado, generando puestos de trabajo.
Argentina produce 50 mil toneladas de residuos diarias que terminan en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, ríos o en el mar, contaminando el ambiente y a las comunidades. Una gran parte de los residuos son envases post consumo, es decir que fueron colocados en el mercado sin responsabilizarse por qué pasa luego de que son desechados.
El proyecto
El proyecto presentado por el oficialismo y organizaciones sociales busca reducir el impacto de la producción sobre el medio ambiente a través de la creación de una tasa ambiental que deberá ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado. La tasa no podrá superar el 3 por ciento del precio mayorista de venta del producto envasado.
Con lo recaudado, se plantea la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases y promover la inclusión de las y los recicladores.
Se trata de una propuesta basada "en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo", según informaron desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr)
La idea es que lo recaudado con el cobro de esa tasa "se utilice para implementar Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, que permitirán la recuperación de los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de todo el país"
