La legisladora porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, anunció que este martes presentará una denuncia penal ante los tribunales federales para que se investigue la existencia de una asociación ilícita integrada por policías y funcionarios porteños que operarían en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de cometer delitos de extorsión, cohecho y encubrimiento.
La denuncia se da en el marco de una investigación realizada por el periodista Nahuel Gallota, publicada este lunes 22 de noviembre en el diario Clarín, donde se detalla el modus operandi de las brigadas policiales ilegales que operan en el sur de la Capital Federal.
La legisladora aseguró que siente "mucha bronca" por la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años que murió en un caso de presunto "gatillo fácil" cometido por policías de la Ciudad de Buenos Aires, y apuntó a la "conducción política" de la fuerza.
"Vamos a pedirle a la justicia que investigue. Lo que pasó con Lucas forma parte de una práctica que vienen llevando a delante distintas brigadas en el sur de la ciudad con extorsiones y abuso de poder", dijo Montenegro en comunicación con La García. "No se trata de un hecho aislado. Se trata de una práctica que lleva adelante una fuerza que tiene muchísimas denuncias por violencia institucional", agregó.
Luego, la legisladora dijo que las causas de violencia institucional son consecuencia de decisiones y del discurso político. "Desde que Bullrich reivindicó el asesinato con la espalda de Chocobar los casos de violencia institucional crecieron. Los escuchamos en estos días decir que la situación de la inseguridad se resuelve metiendo bala. ¿Tienen que pasar estos desastres para que el oficialismo de la Ciudad trabaje en la prevención?", planteó.
Por último Montenegro sostuvo que la impunidad de la policía porteña se debe a la falta de control por parte del gobierno de la ciudad y recordó que la Policía local "antes era la Metropolitana", implicada en "el caso de la represión del Borda, el Parque Indoamericano, después el trabajo en cooperación con la Unidad de Control del Espacio Público y otros causas relacionadas con el espionaje ilegal.
