Marta Cirulli, la jueza comercial que está imputada penalmente por otorgar medidas tendientes a favorecer el vaciamiento del Correo Argentino y generar dilaciones que evitan el pago de su deuda, quedó habilitada a tomar decisiones sobre esas mismas maniobras y acerca del pedido de la fiscal Gabriela Boquín para que la empresa reintegre todo el dinero que obtuvo en varios retiros de capital de las cuentas del concurso de acreedores.  Boquín fue quien denunció irregularidades en el expediente que derivaron en una causa que tramita en Comodoro Py, en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Juan Pedro Zoni. Pese al planteo de la fiscal, la Cámara Comercial no apartó a la jueza y le envió la causa para evalúe las medidas propuestas. La lógica ahora sería que ella misma se excuse, pero nada está dicho.

En medio del proceso concursal y las idas y vueltas por el pago de la deuda millonaria que el Correo arrastra desde 2001, la fiscal Boquín detectó y denunció el intento de vaciamiento de las cuentas en dólares y en pesos de la empresa y los movimientos para derivar el dinero hacia otras empresas del Grupo Macri, Socma SA y Sideco SA (que a la vez son controlantes del Correo), y con esto, hacia otros negocios. Cirulli, que es la jueza que interviene en primera instancia, llegó a autorizar al menos cinco retiros solicitados por el Correo el año pasado, justo cuando empezaba a encaminarse el acuerdo ante la Cámara Comercial por el cual el Estado aceptaba perdonarle el 98,87 por ciento de la deuda a la empresa postal (que según los cálculos que estableció Boquín al impugnar el pacto ascendía a 4000 millones de pesos) y cuando ésta además iniciaba de demanda en reclamo de un resarcimiento. Hasta ese momento siempre la jueza había rechazado los pedidos del Correo en ese sentido, y volvió a hacerlo este año cuando la fiscalía denunció las primeras irregularidades.

En la causa penal a Cirulli se la investiga por su posible participación en las operaciones para el vaciamiento, presunto incumplimiento de sus deberes y prevaricato (fallar intencionalmente a contramano de la ley). Entre las múltiples medidas pedidas por el fiscal Zoni y ordenadas por el juez Lijo, se pidió documentación a su juzgado, al Correo y a sus controlantes Socma y Sideco. El juzgado está tomando declaraciones testimoniales, y están pendientes entre ellas las del ex procurador del Tesoro Carlos Balbín y el ex jefe de auditoría de esa dependencia Guillermo García. Ambos hicieron informes en base a una investigación interna y lo que fue sucediendo en el expediente, y fueron críticos -entre muchos otros puntos- con el proceder de Cirulli, ya que consideran que fue funcional al paso del tiempo, que licúa la deuda del Correo, y sin que jamás se le hubiera decretado la quiebra a la empresa. Una de las cuestiones que advierten sobre la jueza es que habría prolongado indefinidamente el llamado “período de exclusividad” del concurso, que no puede durar más de 90 días.

Boquín había denunciado puntualmente que el dinero que llegó a extraer el Correo de las cuentas del concurso ascendía a unos 10 millones de pesos (había 9,6 millones de dólares y algo más de 27 millones de pesos). La jueza, al autorizarlo, dijo que la empresa debía afrontar erogaciones. Sin embargo, estaba inactiva. Más allá del monto, lo que advirtió Boquín fue que parte de la plata se usó para pagar el alquiler de oficinas en el edificio donde está Sideco por 144.000 pesos, 61.834 de sueldos y cargas sociales; 113.000 de gastos contables e informáticos; y 65.000 de honorarios. Boquín dice que el dinero era derivado para Sideco. El otro punto es el pago de 2 millones de dólares a Socma por las acciones de Neficor, para un negocio automotriz, que introduciría el auto Tiggo en el mercado. El Correo no tenía nada que hacer en el negocio automotriz en medio del concurso de acreedores. Para Boquín, era dinero para Socma.

La fiscal reclamó que al menos por el pago de los alquileres el Correo restituya el monto con intereses, y lo mismo respecto de los 2 millones de las acciones de Neficor. “Devuélvanse las actuaciones a la anterior instancia, poniéndose a consideración de la Magistrada las medidas solicitadas en el dictamen fiscal”, decidieron las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes habían mantenido en su poder el expediente desde 2011 hasta el año pasado. El paso del tiempo tiene dos efectos: el Correo evita pagar su deuda mientras se licúa; y no se le decreta la quiebra, que arrastraría a Socma y Sideco, empresas de la familia del presidente Mauricio Macri. 

La Cámara todavía no dijo si acepta los 120 días pedidos por el Estado para posponer un nuevo acuerdo con el Correo.