La Justicia federal le dio un mes de plazo al Ministerio de Salud nacional a repartir todos los elementos de los 27.200 kits de productos que integraban el Plan Qunita, con excepción de las cunas y los sacos de dormir, retiradas de circulación por orden del juez federal Claudio Bonadio e inutilizadas hace diez meses en un depósito en Avellaneda. Ese magistrado había mandado, incluso, a quemar los elementos que se distribuían como parte del plan sanitario puesto marcha en 2015 durante la presidencia de Cristina Kirchner, aunque las críticas que recibió por esa decisión de parte de asociaciones de pediatras y neonatólogos lo obligaron a dar marcha atrás. Pero la cartera dirigida por Jorge Lemus se mantuvo en silencio e inacción, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 lo obligó a distribuirlos entre “las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y los niños del país”.  

Los jueces Gabriel Vega, Adrián Grünberg y José Michelini ratificaron la decisión que emitió Bonadio a fines de agosto de 2016 ante el rechazo que concitó su orden de destruir los elementos del Qunita y dispusieron “la redistribución con fines sociales de los elementos de los kits que se encontraban aún sin destino; debiendo otorgarles un fin apropiado a su naturaleza”. “Vale recordar que la orden de redistribución de los elementos del kit fue dada por el juez instructor hace casi diez meses; y, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha dado cumplimiento a dicha redistribución”, aclararon los magistrados, quienes remarcaron que los kits cuentan con productos que corren riesgo de cumplir su fecha de vencimiento y, por lo tanto, quedar inutilizados de manera permanente. Los jueces se basaron en varios artículos de la ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño e instaron a Lemus a que “en el plazo perentorio de treinta días deberá comenzar a distribuir todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, con excepción de las cunas y de los sacos de dormir, destinándolos a las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y los niños del país”.

La cartera a cargo de Lemus no respondió ninguna de las órdenes dadas por Bonadio el año pasado, mientras aún estaba a cargo de la instrucción de la causa que seguía por supuesta malversación de fondos públicos a propósito del Plan Qunita, ya elevada a juicio oral y a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que se expidió ayer. Recién brindó información a los magistrados a mediados de este mes y dijeron que se estaban dedicando administrativamente a las deudas que el ministerio mantiene con los proveedores relacionados con la producción de los kits, pero de la redistribución, nada. El guardado de los 27.200 kits de Plan Qunita que permanecen inutilizados en un depósito en Avellaneda ya le costó al Estado 10 millones de pesos, informaron organizaciones sociales que reclaman su distribución desde que el plan se judicializó. 

 Además de los 27.200 kits del plan puesto en marcha cuando Daniel Gollán conducía el Ministerio de Salud que están en el depósito de Avellaneda, hay otros en salas de salud y hospitales que tampoco están siendo utilizados. Junto al catre y la bolsa de dormir, tienen sábanas para el bebé, un acolchado, un toallón, mudas de ropa, un neceser, juguetes, un libro de cuentos, un bolso cambiador y pantuflas y ropa para la mamá. Bonadio interpretó en su momento que el catre y la bolsa de dormir resultan peligrosas. Las organizaciones médicas lo negaron. El Tribunal Oral en lo criminal Federal número 1 no discutió la negativa a repartir esos dos elementos fundamentales.