Familiares y sobrevivientes de los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza denuncian una serie de "entorpecimientos" que demoran el desarrollo del segundo juicio contra dos monjas, directivas y empleadas de esa institución.

Exactamente dos años atrás, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 42 y 45 años de prisión, mientras que el jardinero Armando Gómez fue sentenciado a 18 años. El segundo juicio, que comenzó el 3 de mayo del corriente año, tiene imputadas a autoridades y empleadas del Instituto, junto a otras dos monjas, entre ellas Kumiko Kosaka, acusada por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

También están implicadas como “partícipes necesarios” la monja Asunción Martínez, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo, las ex directivas Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, además de la representante legal Graciela Pascual.

Este miércoles, el colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo y la asociación Xumek, que representa a las víctimas, se manifestaron a las puertas de Tribunales exigiendo el cese de la “revictimización” y la “persecución”, por parte de la Iglesia y la Justicia, que solo representan obstáculos para las víctimas y no facilidades.

Estaba estipulado que el segundo juicio dure seis meses, sin embargo, hasta ahora solo declararon cinco víctimas. Las agrupaciones, además, denunciaron que las víctimas no tienen intérpretes de lenguas de señas, debido a que los profesionales asignados para esa tarea fueron denunciados por querer tergiversar las declaraciones de los chicos sordos en perjuicio de las monjas.

Asimismo, arremetieron contra los abogados de la defensa por “los constantes entorpecimientos que provoca la defensa de las acusadas, gracias a que el tribunal tolera esta situación al ignorar el grave daño que esto ocasiona en las víctimas”.

En esa línea, aseguraron que ampliarán la denuncia contra el Vaticano, presentada en 2020 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las situaciones que están atravesando durante esta segunda etapa.

Natalia Vilalonga, madre de una de las víctimas, afirmó ante la prensa local: “Yo quiero Justicia por él. Le quitaron lo mejor de su infancia. Buscan que nos cansemos. Hay muchas familias que ya no están porque se cansan, se enferman y no hay apoyo del Estado”.