El expresidente Mauricio Macri fue imputado este miércoles por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y se le trabó un embargo de 100 millones de pesos, además de la prohibición de salir del país, una medida que comenzará a regir a partir de que regrese de Chile, donde se encuentra en este momento.
También, el juez federal de Dolores, Martín Bava, sostuvo que los hechos investigados dan cuenta de un "modus operandi, y que "no son producto de una casualidad, ni son fruto del azar; sino que son parte de una estructura de espionaje ilegal mucho mayor". Es en referencia al Proyecto AMBA, que definió como "el plan sistemático de espionaje ilegal instaurado en la provincia de Buenos Aires para los años 2016 y 2017".
Según el juez, bajo ese proyecto "oportunamente analizaron una serie de documentos provenientes de la Delegación de Mar del Plata (de la AFI), de los cuales surgía el seguimiento y las tareas de inteligencia ilegal llevadas adelante por los agentes de dicha delegación a los reclamos de los familiares de los barcos pesqueros “El Repunte” y el “Rigel”, así como también del submarino ARA San Juan".
En un fallo de 173 páginas, el juez Bava sustanció las pruebas sobre el espionaje ilegal que se realizó sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino. Eran 43 hombres y una mujer a bordo.
La imputación sobre Macri es por haber posibilitado y generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo. Y subrayó que se trató de un espionaje ilegal, prohibido por la ley 25.520, porque no estaba en juego cuestiones de seguridad interior o la defensa nacional. Las acciones se llevaron a cabo desde diciembre del año 2017 y finales del año 2018, de manera "constante y se iban actualizando con cada novedad".
Según el juez, esas consistieron en haber "almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban", en referencia a los familiares de los tripulantes desaparecidos.
Pero además, el juez sostiene que esto se hizo "en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas".
Destrucción de documentos
Los documentos de inteligencia ilegal, según el fallo, se usaron diversas fuentes de información: con tareas de campo, con infiltraciones y fotografías obtenidas por los espías. Y también se usó el “ciberpatrullaje”, con los perfiles de los familiares de las víctimas de ARA San Juan en sus redes sociales, capturas de pantalla y fotografías.
Un dato importante para el juez, es la destrucción de estos documentos. "La ilegalidad de los documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata fue de tal magnitud que llevó al jefe de la Delegación, Nicolás Iuspa Benítez, a destruir toda la documentación que allí obraba desde el mes de diciembre del año 2015", sostuvo el magistrado.
Sobre esta destrucción, Iuspa Benítez, que está imputado, aseguró que lo hizo porque recibió "una orden telefónica que cumplió en soledad”. Para el juez, "esta acción es de una gravedad institucional, que solo se la puede dimensionar si se la compara con otros ejemplos extremos. Es como si un juez quemara todas las causas de su juzgado; o un Delegado de ANSES destruyera todos los expedientes a su cargo; o un comisario hiciera desaparecer todos los libros y constancias de personas detenidas obrantes en su comisaria".
Para el caso de la Agencia Federal de Inteligencia, "esta situación solo se podría justificar en tiempo de guerra, en donde haya un enemigo cierto que aceche las puertas de la dependencia y exista un riesgo inminente de que toda la información pueda caer inexorablemente en sus manos. En el ámbito internacional vimos esta historia repetida una y otra vez, en las sedes de las Embajadas de los Estados Unidos de América en Saigón, Teherán y, recientemente, en Kabul", sostiene el fallo.
El retorno a prácticas oscuras
Las acciones llevadas adelante contra los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, así como también las referidas a los familiares del buque Rigel y del buque el Repunte, remiten a "viejas concepciones” y que en este momento se encuentra en la ilegalidad.
"Con el cambio de paradigma producido con la asunción del imputado como Presidente de la República y la derogación -casi integra- del Decreto Nº 1311/2015, se invirtieron los conceptos rectores en materia de inteligencia nacional y lo que antes era Defensa Nacional y Seguridad Interior, pasó a ser una carta blanca que permitió reunir y producir inteligencia en defensa de la gestión gubernamental", escribió el juez en el auto de imputación contra el expresidente Mauricio Macri.
En ese sentido, sostiene. "el objetivo de la Agencia Federal de Inteligencia establecido por los lineamientos generales y objetivos estratégicos, que acorde a la ley de inteligencia son fijados por el imputado, no fue otro que salvaguardar la imagen del gobierno nacional de cara a la sociedad".
