La realización de las elecciones nacionales, por primera vez a cargo del gobierno de Mauricio Macri, viene bastante complicada. Tras el fracaso de la reforma electoral que buscaba implementar la boleta electrónica, el Poder Ejecutivo entró en varios cortocircuitos con la Cámara Nacional Electoral, que ayer terminó por emitir una dura acordada con una serie de advertencias y reclamos dirigidos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El pronunciamiento de los magistrados se produce, además, un día antes del encuentro que mantendrán todas las autoridades judiciales con competencia electoral con funcionarios en la Casa Rosada. “Van a ir con cara de pocos amigos”, reflejaba con un eufemismo una fuente judicial respecto de la reunión de esta tarde.

“Se hace saber a la ciudadanía que pese a reiterados requerimientos de este Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”, aclaran los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, en un intento por evitar quedar involucrados, entre otras cuestiones, en la contratación de la empresa española Indra, mediante un concurso privado del Correo Argentino.

En la acordada emitida ayer, Corcuera y Dalla Vía dieron cuenta de las recomendaciones realizadas luego de la frustrada reforma política con la que el Gobierno quería imponer la boleta electrónica. Los magistrados ratificaron en aquel momento su histórico reclamo de traspasar el escrutinio provisorio de la órbita del Ejecutivo a la órbita judicial para evitar cualquier posible interferencia político partidaria. Además, proponían implementar otras medidas para “el fortalecimiento del proceso electoral” que según los camaristas no fue ni siquiera respondida. “Hasta el día de hoy –ya avanzado el cronograma electoral en curso– no se ha obtenido respuesta alguna”, alertaron.

Luego de que esta semana se conociera la contratación de Indra por 25 millones de dólares para realizar los escrutinios provisorios de las PASO y las generales de octubre, el gobierno nacional dio a entender que estaba dando cumplimiento a un pedido de la CNE. Corcuera y Dalla Vía, por el contrario, salieron a desmentir esa situación y ratificar su postura histórica en contra de tercerizar el proceso electoral: “Las previsiones propuestas no requerían un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro, y en modo alguno suponen la intervención de ninguna empresa privada ni justifican modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”, subrayaron.

Fuentes al tanto del proceso revelaron a PáginaI12 que la contratación se hizo a través de un concurso privado del Correo Argentino (una sociedad anónima propiedad del Estado) porque el Gobierno no llegaba con los plazos para hacer una licitación pública a cargo del Ministerio del Interior, como se venía haciendo históricamente. Se convocó a cuatro empresas y se presentaron sólo dos, Indra y Smarmatic, de Venezuela. Las dos habían calificado técnicamente, aunque la española ofreció una cotización 6,6 por ciento menor que su competidora y ganó el concurso.  

El Gobierno se congratuló porque la contratación fue por un precio menor al de 2015, aunque en realidad esa baja no fue tal ya que la última elección presidencial tenía tres turnos (primarias, generales y ballottage) y las legislativas solamente dos. 

Como si fuera poco, la CNE también criticó que el Ejecutivo no escuchara sus propuestas en cuanto al sistema de trazabilidad, que permitían seguir en tiempo real los movimientos del material electoral y mejorar el control de la logística.

Fuentes del gobierno nacional señalaron a este diario que el traspaso del escrutinio provisorio a la órbita judicial estaba incluido en el proyecto de reforma que se frustró en el Congreso por lo que “la voluntad del Ejecutivo está clara”. Responsabilizaron entonces a los senadores del FpV-PJ, quienes frenaron la reforma por sus diferencias con la implementación del voto electrónico.