Mientras el legislador tucumano Ricardo Bussi argumenta que "la libertad está por encima de todo", Lupe, la joven de 26 años que fue abusada por el hijo del genocida Antonio Bussi, continúa bajo amenaza y no sale de su casa. Está, una vez más, al pendiente de los manejos de la Justicia de Tucumán que se desentiende de su caso: la investigación no avanza desde julio de 2020 y ahora, denuncia que su causa corre peligro de ser archivada.

Días atrás, el juez Daniel Leiva fue elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán (CSJT), el mismo magistrado que de acuerdo a lo denunciado, "presionó" al camarista Enrique Pedicone para que "manejara la intensidad de la causa" que trata la agresión sexual del legislador. Pedicone señaló haber recibido "aprietes" y terminó destituido.

"En julio del 2020 se celebraba una audiencia oral y pública de mi caso. Ese mismo día, horas antes, un juez de la Suprema Corte, Daniel Leiva, presionó a mi juez que era mi camarista para que mi causa siga picando bajo, de modo que a mi no se me de justicia y mi causa se archive", contó Lupe (cuya identidad real es reservada) a AM750.

La denunciante relató que "este juez decidió grabar la situación, envió audios a los medios, hizo una denuncia el 1 de septiembre cuando se activó el nuevo Código Procesal Penal y cuando el ya estuvo fuera de mi caso, garantizó que Bussi no este preso". En esos audios, Leiva dice que habla en nombre del actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, según publicó Infobae.

El abogado de Lupe, Salvador Iovane, presentó un recurso de amparo para que se suspenda la designación de Leiva y se plantee la "nulidad de todo proceso en el que haya intervenido desde agosto del 2020 y hasta la fecha en la que cese su calidad de magistrado". "No es un lobo vestido con piel de cordero, sino que es el mas obsecuente del lobo de la manada", lo describió.

"Corresponde indiciar que hasta el día de la fecha aún perdura en la causa que se investiga el delito de abuso sexual del que mi representada es víctima, los efectos de su intromisión dolosa, corrupta y mafiosa, intromisión que motivo la denuncia radicada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se encuentra en los autos “A.M.J IOVANE SALVADOR S/AMAPARO”, en la cual el mencionado Leiva, el mencionado (Osvaldo) Jaldo y el mencionado (Juan) Manzur se encuentran denunciados por el encubrimiento de los delitos perpetrados por Ricardo Bussi en mi perjuicio, en perjuicio de la administración de justicia contra la moral y la buena fe pública, la cual se encuentra aún pendiente en trámite", advirtió la defensa en la presentación.

La "mesa judicial" de Tucumán

En agosto, Lupe viajó a Buenos Aires y protestó frente a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Se encadenó con un cartel y contó la cantidad de amenazas que recibieron tanto ella como su familia desde que su caso salió a la luz. En la denuncia consta que Bussi encerró el 11 de mayo a la mujer en su oficina de la Legislatura de Tucumán, la “obligó a realizarle sexo oral” en el despacho y luego la dejó salir, según publicó Página/12. La investigación quedó a cargo del juez de instrucción Raúl Armando Cardozo, con el cual Lupe pudo ampliar su denuncia.

Tras enterarse de la designación de Leiva, la joven escribió una carta pública al Congreso Nacional y al presidente Alberto Fernández en la que consideró que su provincia "parece un país aparte gobernado por sujetos que sólo garantizan su impunidad, promoviendo leyes y cargos públicos a los funcionarios que abusaron y violaron".

En el escrito, hizo un "llamamiento" al jefe de Estado, denuncia que fue "ignorada" en Olivos y señaló que al cuestionarse el armado de una "mesa judicial", durante el gobierno de Mauricio Macri, también debería "hablarse de Tucumán", donde se organizó una mesa para "preservar a los violadores, golpeadores y femicidas", como indica, "el monstruo de nombre y apellido, que es Ricardo Bussi".

"Desde hace 17 meses que me enfrento a esta causa, poniendo el cuerpo, pidiendo justicia para que mi abusador pague lo que me hizo. Sabía que tenia que enfrentarme a un Estado patriarcal que lo único que me garantiza es una muerte segura. Desde hace 17 meses que vengo remándola. Lo único que recibo es silencio e impunidad", alertó Lupe en un video que publicó en sus redes sociales.

El relato de Lupe

Lupe denunció al hijo del genocida por abuso sexual y robo de identidad. “En diciembre de 2019 temí por vida cuando mi expareja puso una bomba en mi casa, tras 18 denuncias por violencia. Salí a buscar ayuda y Bussi se solidarizó conmigo con la promesa de trabajar en su partido, Fuerza Republicana. Me envió a una dirigente de su espacio a mi casa, que me trajo alimentos y me ayudó con la AUH, que no la podía cobrar”, relató la denunciante a AM750.

Y continuó: “En enero de 2020 fui al banco a cobrar la AUH. Vi que en una cuenta tenía $14.500 y en otra $600.000. Yo no tengo trabajo. Nunca podría tener ese dinero. Así que negué esa cuenta. En el banco me dijeron que fui a abrirla en enero, y eso era imposible. La última vez que había podido percibir la AUH fue en noviembre de 2019”.

Lupe se dirigió entonces con el informe bancario al partido, donde le negaron todo. Ahí fue cuando comenzó a recibir intimidaciones por parte de los concejales. “Me venían a apretar de todos lados”, contó. El 11 de mayo Bussi la recibió en la Legislatura al volver del exterior. Ese día ocurrió el abuso. 

Desde entonces, la joven lleva 11 denuncias realizadas y recibe amenazas constantes hacia ella, su madre y su hija.