El 30 de diciembre de 2020, miles de personas festejaron en la calle la sanción en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Una lucha que los movimientos feministas llevaron durante 16 años y que desde el debate en el Congreso en 2018 se masificó y provocó numerosas movilizaciones, discusiones, divisiones y uniones políticas. Hoy, a un año de ese día, 32.758 personas se realizaron un aborto de forma legal, segura y gratuita en el sistema público de salud, pero distintos sectores señalan que aún falta acceso e información.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, al 30 de noviembre de 2021 unos 1243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica. Para ello, se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE y también de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los casos de violación y en la atención posaborto.
La mayoría de los abortos se realizó a través del uso de misoprostol, el medicamento más seguro para la interrupción del embarazo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En todo el país, se distribuyeron 46.283 tratamientos. Además, se desarrolló una línea de formación en abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.
En casi un año, a través del 0800 de Salud Sexual se realizaron 19 mil consultas sobre IVE: se trata de la máxima cantidad de llamados en 10 años ya que en esa década, se acumulan en total 17.302 comunicaciones vinculadas a este derecho.
La ley se promulgó el 14 de enero y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y luego se sumaron dos mas para atención posaborto y para atención a víctimas de violaciones sexuales.
Acceso desigual: de la Ciudad de Buenos Aires a Corrientes
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es la organización que desde 2007 buscó que se aprobara un proyecto para garantizar los abortos seguros en la salud pública. En un comunicado, celebró que la ley 27.610 de IVE "es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos" que "cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado".
Sin embargo, exigió "la efectiva implementación de la ley" ya que según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran la organización federal el acceso al derecho al aborto "es desigual en todo el territorio nacional".
El proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), llegó a una conclusión similar. Según este relevamiento, hay una "brecha en el acceso al aborto legal que se observa entre la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Jujuy en comparación con Misiones, Formosa y Corrientes".
En el detalle de los datos del primer semestre de 2021, mientras que en CABA se realizaron unos 4.239 abortos, en Corrientes, el otro extremo, fueron 163. El número más claro para ilustrarlo es la tasa de IVE/ILE, calculada sobre 1000 mujeres en edad "fértil": la tasa total país está en 3,2 puntos, en la capital nacional llega a 5,6 y en Corrientes, sólo a 0,6.
"Las causas de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras", advirtió el informe.
Burocracia, costos y objeción de conciencia
A través de entrevistas a Socorristas en red, una red que articula más de 50 colectivas feministas que, con el objetivo de democratizar el derecho al aborto legal, seguro, y gratuito, acompañan a personas que buscan interrumpir sus embarazos, el estudio de CEDES advirtió que "hay demoras en el acceso como resultado de la burocracia del
sistema de salud"
"En muchas clínicas y hospitales el proceso para acceder a una IVE no es claro. Además, hay hospitales que requieren análisis que no son medicamente necesarios (ej.: pedir análisis de sangre para abortos de pocas semanas) antes de un aborto. Por otro lado, hay ciertos sectores de la población que se encuentran con más barreras a los servicios de aborto. En las obras sociales las Socorristas contaron situaciones donde las personas con obra social fueron a
atenderse y les dijeron que su obra social no cubría el procedimiento, o no había profesionales de salud que garantizaran el servicio", explicó.
Además, "aún siendo gratis el servicio de aborto, el costo del transporte para ir a las clínicas y hospitales que garantizan, y el tiempo que requiere hacer el recurrido, dadas las numerosas citas y análisis que muchos hospitales requieren, es una carga grande y difícil para las personas que no tienen recursos económicos para cubrir estos gastos", indicó el proyecto Mirar.
La objeción de conciencia, contemplada en la 27.610 con la condición de derivar a otro centro de salud o profesional para garantizar el derecho, en algunos casos es un obstáculo. Sandra Vega, socorrista de San Juan, contó: "Nos ha pasado con chicas que han llegado al consultorio de ginecología. Pidieron un turno [con otro médico], pensando que esa era la manera de acceder y les han dicho ‘no, mirá, yo no estoy de acuerdo, así que no sé cómo lo vas a resolver’. Nos ha pasado con otros médicos que son objetores que han dicho ‘andá al consultorio de la diversidad que te van a informar’".
La estigmatización sigue vigente, pese a la democratización de los debates, y aún hay personas que "buscan abortar en absoluta confdencialidad, una necesidad que aun médicos amigables les cuesta reconocer". Las activistas también identificaron que desde el Estado, falta una difusión de la información sobre la ley ya que "hay personas que todavía no saben si pueden acceder un aborto, donde, si tienen que pagar, y cuáles son los limites gestacionales". "Estas brechas de información resultan en que las personas demoren en buscar servicios adecuados", advirtieron.
Qué es la mifepristona
Tanto la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito como otras organizaciones feministas reclaman que se apruebe la mifepristona, un medicamento que combinado con el misoprostol aumenta la seguridad y beficacia de los abortos. Otra droga que también está recomendada por la OMS.
En Argentina, su uso aún no fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
"La calidad también tiene que ver con el método. Si sabemos que el misoprostol no es lo más adecuado porque existe en el mundo otros medicamentos como la mifepristona ¿qué estamos haciendo para impulsar rápidamente el registro de la mifepristona en Argentina?", reclamó Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén
Para festejar el primer año de aborto legal se realizarán pañuelazos en todo el país, utilizando el pañuelo verde símbolo de la lucha por el acceso al derecho en la Argentina que se trasladó como emblema a otros países que reclaman ley o modificaciones en las normas sobre interrupción de embarazo.
