A seis años de la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta viajaron a Jujuy para visitar a la militante popular.
Desde allí vincularon su detención con la llamada Gestapo bonaerense, que tuvo lugar durante el gobierno de María Eugenia Vidal. La misma estaba presuntamente destinada a perseguir a sindicalistas y opositores para armar causas judiciales y conseguir su detención.
"Hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en la Provincia de Buenos Aires", afirmó De Pedro desde sus redes sociales.
Luego, agregó: “En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa solo porque lo necesitaba el Gobierno”.
El funcionario rememoró el pedido de los diputados provinciales del PJ, quienes denunciaron en 2020 la "falta de independencia de poderes" en Jujuy.
En su momento, se difundieron una serie de audios en los que Baca donde admitía que la dirigente social estaba presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".
"Una Justicia que no persiga opositores"
"Estuve con Milagro Sala que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una Justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos. Más allá de los poderes de turno", dijo De Pedro.
"Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, sostuvo el dirigente de La Cámpora.
En tanto, la ministra de Mujeres y Diversidad también participó del encuentro con Sala. Ella declaró, en diálogo con AM 990, que la detención de la dirigente de la Tupac Amaru configura "un daño a la democracia".
Además, referentes kirchneristas junto a artistas lanzaron una solicitada pidiendo libertad para Milagro Sala, y Justicia.
"Con presos políticos no hay democracia plena", aseguraron. En la misma línea, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación definió como “persecución política” al proceso que vive la dirigente social su provincia.
