La Asamblea de la Comunidad Audiovisual convocó a una nueva movilización para hoy a las 15 frente al edificio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en Lima 319, a un día del vencimiento de 300 contratos de trabajadores del organismo cinematográfico. En un marco de movilizaciones desde que el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto eyectó de la presidencia del Incaa a Alejandro Cacetta, la lucha del sector audiovisual no ha cesado y lejos está de perder intensidad. Algunas de las consignas para la asamblea de esta tarde son: “No al ajuste al cine nacional”, “No a la paralización de la producción por trabas administrativas”, “No a la tercerización de los créditos”, “Cese de la intervención por parte del Ministerio de Cultura”, “Reincorporación de los cuatro trabajadores despedidos del Incaa” y “No al cierre del espacio Cine.Ar Constitución. Por la apertura de nuevos espacios Incaa”. Además, la fecha impone la urgencia de saber si la gestión va a garantizar la renovación de esos 300 contratos de trabajadores del Incaa, a diferencia de lo sucedido con los cuatro despedidos, que no dio marcha atrás a pesar del reclamo de ATE y del paro realizado hace dos semanas. 

“La coordinadora de la Asamblea de la Comunidad Audiovisual expresa, nuevamente, su preocupación por el futuro del cine nacional. Nos encontramos ante un escenario en donde la subejecución, admitida livianamente por el mismo presidente del Incaa, Ralph Haiek, en la interpelación en el Congreso, tiene como consecuencia una parálisis que repercute en la producción, en los puestos laborales y en la pérdida de acuerdos de coproducción que ponen en riesgo la concreción de proyectos ya aprobados”, señalaron en un comunicado. Y luego expresaron: “A esto se le suman los despidos en el Incaa, a pesar de que Haiek haya prometido que ‘no será el presidente del ajuste’. Esto es un eslabón más en el plan de vaciamiento al sector, la consecuencia lógica de un proyecto para el cine nacional que implica reducir la cantidad de películas producidas. Porque achicar la planta del Incaa es achicar el cine argentino”. 

El Colectivo de Cineastas, conformado por realizadores, productores y técnicos que vienen haciendo cine de manera independiente, muchas veces siendo productores y directores, emitió otro comunicado a horas de la nueva asamblea en el que se declara “en estado de alerta y movilización junto al conjunto de asociaciones que conforman la Asamblea de la comunidad audiovisual”. “Consideramos que todas las medidas implementadas en la actual gestión del Incaa tienen como objetivo disminuir la cantidad de películas a realizarse privilegiando unas pocas grandes producciones y ahogando a todo el resto. Además de coartar la diversidad de miradas en nuestro cine, esto implica una drástica reducción de puestos de trabajo para técnicos y actores”, señala el comunicado. 

Sin eludir críticas a Cacetta, se destaca que en 2016 se lanzó un nuevo Régimen de Fomento “que subió los topes a las grandes producciones e implementó trabas para las producciones independientes (la creación de un sistema de puntajes restrictivo y la obligación de constituir una SRL entre otras medidas). De esta manera, el Estado favorece a unas pocas películas de gran presupuesto, que ya cuentan con el enorme apoyo de capitales privados, y desplaza al sector medio y pequeño, que realmente necesita el fomento, y que mantiene todos los años una gran presencia y repercusión en los festivales de todo el mundo”. Asimismo sostiene que el ajuste “se agudizó con la operación mediática que desplazó a Cacetta del Incaa y a Rovito de la Enerc. En los pocos meses que lleva la gestión de Ralph Haiek se está viviendo un recorte de hecho sobre la producción cinematográfica a partir de la paralización administrativa y la subejecución del presupuesto. Paralelamente, la negativa a mostrar el proyecto de la Ley de convergencia digital por parte del oficialismo evidencia los peores augurios para los fondos del régimen de fomento. Además, el anuncio de la tercerización de los créditos en entidades financieras y bancarias privadas expone a los productores y realizadores a mayores condiciones y exigencias, que pocos podrán cumplir, en un nuevo eslabón de esta escalada contra el cine argentino”. 

Otra entidad que emitió un comunicado por estas horas con una serie de cuestionamientos y reclamos a las autoridades del Instituto es Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Dividido en distintos ítems, en el referido a la Transparencia y Cumplimiento de la Ley de Cine, la DAC señala que “es de extrema necesidad que se informe públicamente y a la brevedad posible, qué partidas se encuentran afectadas por efectos de la subejecución presupuestaria –conforme a lo informado por el presidente del Incaa en el Honorable Senado de la Nación– y cuáles son los planes inmediatos para solucionar esta grave anomalía administrativa”. Y solicita para lograr transparencia que se publique en el sitio web del organismo el presupuesto anual del Incaa enviado al Congreso Nacional y el presupuesto finalmente ejecutado.

En cuanto a la normalización administrativa del Incaa, la DAC expresó que para revertir  el “alto nivel de burocracia” resulta imprescindible que el Instituto “asegure la evaluación, aprobación y liquidación de las ayudas económicas otorgadas a cada proyecto, en un modo mucho más rápido y efectivo”. “Deben reducirse drásticamente los injustificables tiempos en los que se incurre en la actualidad desde la Resolución positiva y de Interés en la etapa de preclasificación de un proyecto, normando un límite máximo de 90 días para proceder a la efectiva liquidación de los recursos económicos necesarios para dar inicio a la etapa de preproducción. A tal efecto solicitamos se ponga en práctica en forma urgente la demorada modalidad y utilización online de Expediente Digital para todos aquellos trámites y solicitudes que se gestionan frente al Instituto”.

Sobre el atraso del valor de presupuesto del costo medio y revisión del Plan de Fomento, la entidad señala: “Alertamos nuevamente sobre las graves consecuencias que produce y conlleva la política de retrasar el valor real del Presupuesto de un Largometraje Nacional de Costo Medio –valuado a la fecha en un cincuenta por ciento menos del verdadero costo de mercado–. Este accionar genera incumplimiento a lo que ordena la Ley de Cine (...)”. También explica que el último Plan de Fomento generado por el Incaa “introdujo –contradiciendo la Ley– la anulación de la figura del productor presentante unipersonal, lo que propicia la desaparición del Cine de Autor; siendo ésta solo una de tantas otras situaciones que exigen una exhaustiva revisión de este Plan que, sin dudas, el apuro de su sanción y la falta de consenso con todos los sectores ha dejado sin resolver”. 

En relación a la cuota de pantalla, la DAC exige que realmente se cumpla. “En tal sentido y además de las obligaciones que surgen de la Ley de Cine, proponemos que el Organismo viéndose gravemente perjudicado por estos reiterados incumplimientos, presente en forma urgente un Recurso de Amparo ante la Justicia Nacional para solicitar el cumplimiento de todos los artículos vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecen claras obligaciones para los operadores de señales de televisión en cuanto a exhibición y aportes a la producción de obras audiovisuales nacionales”, entre otras propuestas. 

Por otro lado, en cuanto a las novedades casi diarias que hay sobre el Incaa, desde que el ministerio de Cultura de la Nación comenzó y continúa con su plan de demonización del organismo bajo la gestión de Alejandro Cacetta y dos las anteriores, ayer se conoció que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de las últimas dos presidentas del Instituto en la gestión kirchnerista, Liliana Mazure y María Lucrecia Cardoso, por designaciones irregulares en el Incaa, además de sospechas de malversación de fondos. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun les confirmaron el embargo por 370 mil pesos y 400 mil pesos, respectivamente.