En Pinamar y Cariló hay más de 100 casas y 23 edificios de lujo que estaban declarados como baldíos. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó las evasiones fiscales en operativos realizados durante la primera quincena de enero.
Se trata de 42.000 metros cuadrados de construcciones que eludían el Impuesto Inmobiliario porque no se encontraban declarados, lo que equivale a $30 millones en concepto del tributo. La detección de las irregularidades fue posible a través de un trabajo integral que ARBA realiza durante el año con tecnología satelital, para encontrar nuevas construcciones, y luego complementa con verificaciones presenciales, como las que está haciendo ahora en la costa, que permiten corroborar y precisar en el terreno los datos aportados por las imágenes, indicó la entidad.
Los hallazgos en la primera quincena del 2022 representan ya un 30 por ciento de todo lo que se descubrió en Pinamar el año pasado, cuando se fiscalizaron 124.000 metros cuadrados. "Lo que refleja el constante crecimiento del desarrollo inmobiliario y la intensificación de la labor de control del organismo, que está enfocada en los segmentos de mayor capacidad contributiva", señaló ARBA en un comunicado.
“Con estas acciones de fiscalización buscamos, en primer lugar, que no haya edificios ni casas sin declarar, como las que encontramos en Pinamar y Cariló. No pueden existir construcciones de lujo que paguen el Impuesto Inmobiliario como si fuesen terrenos baldíos”, subrayó el titular de ARBA, Cristian Girard.
Eel funcionario aseguró que el objetivo es "seguir avanzando para que la totalidad de la trama urbana se encuentre regularizada. La realidad es que tenemos una capacidad de fiscalización limitada y por algún lugar debemos comenzar. Nosotros elegimos empezar por quienes más tienen”.
Esta semana, en el marco de las acciones de fiscalización que se desarrollan en la costa y otros puntos de la Provincia, ARBA también había detectado en Mar del Plata un lujoso edificio de 25.000 m² que estaba sin declarar. Los desarrolladores, en ese caso, pagaban $1,6 millones por año de tributo Inmobiliario, cuando en realidad debían abonar $15 millones anuales. La empresa constructora fue intimada y tendrá que regularizar el impuesto atrasado más las multas correspondientes.
Al respecto, Girard destacó que “el gobernador Axel Kicillof nos pidió trabajar con progresividad y eso estamos haciendo: ordenar el desarrollo inmobiliario para que todos estén al día y no sea negocio eludir o evadir impuestos. Y al mismo tiempo, seguir mejorando el cumplimiento general, con leyes que gradúen bien la carga impositiva de forma que cada contribuyente pague en función de su real capacidad económica”.
