87 agentes de inteligencia, ocho bases operativas, 15 vehículos y más de 10 millones de pesos. Esos son algunos de los números detrás del llamado "Proyecto AMBA", al plan de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista para controlar el territorio a través de la inteligencia y el espionaje ilegal.
Este aparato se usó para perseguir a organizaciones políticas, gremiales, empresarios, pero, sobre todo, a merenderos y comedores populares. Con el fin de recabar información de niños comiendo o celebrando el día de la infancia se destinó, según estimaciones judiciales, más de diez millones de pesos.
Además, para este fin se abrieron seis nuevas sedes a las tres históricas que siempre tuvo la agencia. Así, a la de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca se sumaron en Ezeiza, Quilmes, San Martín, Morón y Pilar. Luego, se abrió una sexta en La Matanza.
Los objetivos del 'Proyecto AMBA'
"El objetivo final de la instalación del 'Proyecto AMBA' fue intervenir activamente en la escena política a partir de la inteligencia”, explicó a Página 12 Federico Schmeigel, director del programa Control de Corrupción e Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
A lo que añadió: "Buscaban controlar la calle, el territorio de la provincia de Buenos Aires, no a través de la política, sino de la inteligencia".
Es que, entre el material recabado se encontraron al menos 45 informes sobre los sindicatos docentes, material sobre organizaciones políticas, seguimiento a los actos de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia mientras competía para el Senado.
Además, pruebas de que vigilaron a organizaciones de derechos humanos como HIJOS e incluso registraron actividades del Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel o la CPM o marchas pidiendo justicia por Santiago Maldonado.
Espionaje a comedores y merenderos
Sin embargo, el principal foco de la exSIDE estuvo centrado en lo que pasaba con los comedores o merenderos. Los espías hicieron listas con los lugares en los que adultos y niños iban a comer. Identificaron a sus responsables, consignaron sus teléfonos y sacaron fotos. Según explicaron, la investigación se basaba en supuestas denuncias sobre malversación de alimentos.
“El caso más voluminoso y profuso del espionaje fue el que se dio en el AMBA. Fue el espionaje más extendido y brutal”, dijo, por su lado, a Página/12 Leopoldo Moreau.
El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, aseguró que su idea es llegar cuanto antes para que el Parlamento argentino tenga un dictamen sobre lo sucedido. "La trascendencia del tema nos obliga a actuar sin dilaciones", añadió el diputado.
