El gobierno del presidente Nicolás Maduro defendió su hipótesis sobre un intento de golpe de Estado tras denunciar que el máximo tribunal fue atacado con granadas desde un helicóptero.

Al criticar el silencio de muchos países frente al supuesto complot, el canciller Samuel Moncada ordenó a sus embajadores informar sobre el “ataque terrorista” a ``todas las cancillerías del mundo”.

“Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida”, señaló Moncada en rueda de prensa, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea. Agradeció en cambio la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía.

 Tras varios días en que denunció un complot para derrocarlo, el mandatario aseguró que el martes a la noche fueron lanzadas desde un helicóptero policial cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se hicieron 15 disparos hacia el Ministerio de Interior. El señalado autor del ataque el jueves a la noche es Oscar Pérez, inspector aeronáutico de la policía científica Cicpc, de 36 años.

No hubo heridos, señaló Maduro, quien dijo haberse enterado del caso en medio de un acto con motivo del día del periodista, transmitido por televisión, en el que se mostró tranquilo y continuó bromeando. Aun así, dijo que activó “toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad y capturar a los responsables,” cuyo paradero se ignora.. Maduro sostuvo que el episodio se inscribe en una “escalada golpista de factores extremistas” dentro de la oposición. Horas antes del incidente, el presidente venezolano había advertido que si la llamada revolución bolivariana fuera destruida, ``iríamos al combate (...) y lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas’’.

Sin embargo, a pesar de la movilización castrense anunciada por el presidente, ayer en la ciudad no se observaba una presencia inusual de militares. ``Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece”, justificó el canciller.  

El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, informó ayer que el helicóptero usado para atacar el TSJ fue localizado por las autoridades en una localidad del estado Vargas, cerca de Caracas. “A pesar de las condiciones climáticas adversas nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha localizado el helicóptero que fue empleado el día de ayer en dos ataques terroristas a instituciones del Estado venezolano”, dijo El Aissami en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.

El Aissami explicó que la aeronave fue hallada en la población de Osma, una zona norte costera del litoral central venezolano, y “está en este momento siendo inspeccionada” para su posterior traslado a una base militar en Caracas, donde se le harán pericias”. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, dijo hoy que su país ha emitido una orden de captura internacional roja contra el agente Pérez. Según Reverol, los ataques de ayer tienen como objeto “elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y la espiral de violencia” que, sostiene, ha convocado la oposición venezolana, a quien además acusó de mantener un “silencio cómplice” ante estos hechos.

Ayer circularon videos y fotos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando edificios de Caracas. A lo lejos se escuchan detonaciones. También fueron difundidas fotos de la nave con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.

Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una ``coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles (...) en contra de este gobierno (...) criminal”. Aparece junto a cuatro encapuchados, dos de ellos con armas largas. El hombre le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.

Venezuela vive días de tensión por protestas contra Maduro que dejaron 77 muertos desde el 1 de abril, según la Fiscalía. Los comicios son la principal exigencia de las protestas, que ayer continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a deponer su llamado a una Asamblea Constituyente.  El mandatario también enfrenta una ofensiva de la fiscal general, Luisa Ortega, de línea chavista, que este miércoles denunció que en Venezuela hay “terrorismo de Estado”.

El TSJ y el poder electoral, acusados por la oposición de servir al gobierno, ayer condenaron el atentado. El presidente de la corte, Maikel Moreno, afirmó que ésta se encuentra ``bajo amenaza terrorista’’, mientras la titular del órgano comicial garantizó la elección de la Constituyente el 30 de julio, ante las “amenazas” de la oposición.

Maduro vincula al supuesto complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Oscar Pérez como piloto. A ambos los sindica de estar al servicio de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

``Los militares retirados no dan golpes’’, se defendió Rodríguez Torres. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo en un comunicado que va a examinar la denuncia del helicóptero, sin descartar que pueda tratarse de un “peine” o montaje del gobierno. “Hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos. Sea lo que sea es gravísimo (...), la situación es insostenible’’, dijo a la prensa Julio Borges, presidente del Legislativo.

El experto en temas de defensa Rocío Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres, descartó que en Venezuela esté ocurriendo un alzamiento militar.”Es posible que el evento del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (...) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad”, comentó.

Sin embargo, la denuncia de Maduro generó inquietud internacional. La Unión Europea pidió poner fin a la violencia mientras Brasil, condenó por igual el ataque y el “asedio de grupos paramilitares”, el martes, contra el Parlamento de mayoría opositora. Independientemente de su posición respecto al gobierno de Caracas, distintos gobiernos del continente americano, además de Brasil,  coincidieron ayer en condenar el ataque contra las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela.

El gobierno de México expresó su “enérgico rechazo” a estas acciones, más allá “de su autoría y motivación”. Asimismo exhortó a Caracas a “restablecer la vigencia de las instituciones democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política”, según un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. México, que se ha mostrado muy crítico con la situación de Venezuela, reiteró su preocupación por “el deterioro del orden democrático” en el país sudamericano y su “voluntad para contribuir por la vía diplomática y de buena fe” a solucionar la crisis.

Para el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, la solución en Venezuela radica en la celebración de elecciones libres y transparentes observadas por la comunidad internacional. “Un proceso electoral, transparente, observado sería la mejor garantía de la expresión popular de Venezuela”, aseguró Hernández. “Resolver la histórica y profunda crisis que vive el pueblo venezolano es imperativo,” concluyó.

En línea con el gobierno de Maduro, Nicaragua condenó “enfáticamente” lo que calificó como una “acción terrorista”. La vicepresidenta Rosario Murillo leyó un comunicado en el que repudió la “irracionalidad, la demencia de sectores de la sociedad venezolana que encarnan el odio, la mentira y la violencia”.Murillo y añadió su “profunda, firme, permanente e inclaudicable solidaridad revolucionaria” con el presidente venezolano. “Este acto se suma a otros tantos actos de agresión a la tranquilidad y el derecho a la paz en Venezuela,” señaló. Managua y Caracas mantienen estrechos lazos de amistad, afinidad política y cooperación desde enero de 2007, tras el retorno del Frente Sandinista al poder en la nación centroamericana. El Gobierno de Ecuador por su parte emitió un comunicado condenando “enérgicamente los hechos ocurridos en la hermana República Bolivariana de Venezuela”. 

Quito se manifestó a favor del “respeto irrestricto al orden democrático de los Estados, la resolución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de cada país y el rechazo a los intentos desestabilizadores”.

Mientras tanto, la protesta opositora de ayer fue reprimida por la fuerza pública y dejó más de diez heridos, incluyendo un diputado. La protesta, denominada “trancazo”, incluyó el bloqueo de vías principales durante cuatro horas, en rechazo a la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna.

La jornada en Caracas se efectuó a pesar de la lluvia y a la movilización de los fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en varias zonas.    El diputado opositor Juan Guaidó resultó herido en la espalda y el cuello por perdigones disparados por soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada) en la plaza Altamira del municipio de Chacao, en el este de Caracas. “Atacaron de manera vil a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones”, dijo Guaidó, cuya camisa estaba manchada de sangre.

A la vez, brigadas de la Policía Nacional enfrentaron a estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para evitar que sostuvieran la protesta en los alrededores. Dirigentes de la UCV dijeron que la arremetida dejó diez heridos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, destacó el desarrollo de la protesta. “Con lluvia y represión, en Caracas el trancazo ha sido un éxito”, declaró.