La Corte Suprema de Brasil remitirá a la Cámara de Diputados la denuncia por corrupción formulada contra el presidente Michel Temer, con lo que se pondrá en marcha el proceso que puede llevar a la suspensión del mandatario de su cargo. La decisión de remitir el asunto a la Cámara baja fue tomada ayer por el magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el Tribunal Supremo, quien envió la respectiva solicitud a la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, responsable del trámite por cuestiones de protocolo. En su solicitud, Fachin no analiza las cuestiones que fundamentan la acusación contra Temer y explica que la propia Constitución dice que una denuncia contra un mandatario en pleno ejercicio del poder sólo puede ser aceptada por el Supremo con el aval de la Cámara de Diputados. El magistrado también aceptó un pedido de la Fiscalía, en el sentido de que una eventual nueva denuncia contra Temer por otros delitos asociados a ese caso, entre ellos el de presunta obstrucción a la justicia, sea tratada en forma separada. 

El envío a la Cámara de Diputados de la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía presentó este lunes contra Temer supone el primer paso de un largo proceso que, en ese órgano legislativo, comenzará en la Comisión de Constitución y Justicia, cuyos 66 miembros analizarán el caso durante un máximo de quince sesiones. La comisión deberá ser convocada por la presidencia del Congreso y, al cabo de sus debates, votará un informe en el que recomendará que la denuncia sea aceptada o rechazada y que deberá ser luego debatido en el pleno de la Cámara de Diputados. Si dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite regresará al Supremo, que tras un debate en su propio pleno de once miembros decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aún no decidió cuándo se convocará la primera sesión de la Comisión de Constitución y Justicia, aunque adelantó que intentará que se defina por consenso entre sus miembros. Por su parte, la defensa de Temer pidió acelerar el proceso “por el bien del país”, lo cual pudiera llevar a la Cámara baja a suspender un receso previsto para las dos últimas semanas de julio. 

La comisión está presidida por el diputado Rodrigo Pacheco, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el propio Temer y tiene las primeras minorías tanto en ese comité como en la propia Cámara de Diputados. La minoritaria oposición, que votará en pleno por la aceptación de la denuncia y la consecuente suspensión de Temer, exigió que se le asigne la instrucción del caso en la comisión a un diputado de ese arco político, para evitar interferencias en los trabajos. Pacheco, quien tendrá la responsabilidad de nombrar al instructor, aseguró que por la gravedad del caso, se propone escoger a un parlamentario con perfil técnico, conocimiento jurídico y relativa independencia, algo que parece imposible en un clima político totalmente polarizado a favor o en contra de Temer. 

Las sospechas que fundamentan la denuncia se desprenden de unas confesiones de directivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial, en el que declararon que sobornan a Temer desde 2010 y entregaron unos explosivos audios que le comprometen. En esas grabaciones, que según Temer fueron “editadas”, Batista narra maniobras ilegales que JBS hacía con autoridades del Gobierno para favorecer a ese grupo y el presidente escucha sin hacer mayores comentarios o hasta consintiendo con lo relatado. Según la Fiscalía, existen pruebas robustas contra Temer, quien este martes reaccionó frente la presentación de la denuncia y afirmó que las acusaciones en su contra constituyen una “pieza de ficción” y son “completamente falsas e ilegales”.

Además, ayer se le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente de Brasil cuando un fiscal de la megacausa “Lava Jato” lo acusó de sofocar económicamente a la Policía Federal, responsable de investigar al mandatario por su supuesta participación en tramas de corrupción. “El gobierno de Temer sofoca a la Policía Federal (PF), que no tiene dinero ni para la emisión de un documento necesario como el pasaporte”, escribió en su cuenta de Facebook Carlos Fernando dos Santos, uno de los fiscales en el proceso “Lava Jato”, la megacausa que investiga tramas de corrupción entre políticos y empresarios en el país sudamericano.

De esa forma, el fiscal del Ministerio Público de la sureña ciudad de Curitiba hizo referencia al comunicado que ayer difundió la PF para anunciar que suspendía temporariamente la emisión de pasaportes porque agotó el presupuesto destinado para ese trámite. Luego de que se difundieran estas acusaciones, el gobierno prometió que regularizará la emisión de pasaportes y atribuyó la falta de dinero a la mala situación económica del país.

A través del Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión, el gobierno prometió enviar al Congreso una propuesta de crédito adicional de 31 millones de dólares para que la emisión de pasaportes sea normalizada. De acuerdo con el periódico Globo, la Comisión Mixta de Presupuesto debe votar el proyecto este viernes en carácter de urgencia y la próxima semana ambas Cámaras deben autorizar los fondos extras para solucionar el impasse.

Dos Santos también puntualizó que por los recortes presupuestarios, el equipo de la PF dedicado a investigar el “Lava Jato” se vio significativamente reducido. “¿A quién interesa eso?”, se preguntó.

Asimismo, el fiscal defendió al procurador general, Rodrigo Janot, quien el lunes denunció a Temer por corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, y a quien el mandatario le dedicó un agresivo ataque ayer por cadena nacional.”La denuncia contra Temer describió un hecho criminal de forma adecuada y está avalada por una cantidad de pruebas y evidencias pocas veces vista en un caso de esta naturaleza”, afirmó. El fiscal Dos Santos además acusó al presidente de “liviandad” y “cobardía” en sus especulaciones de que Janot tiene intereses económicos al denunciarlo.