Integrantes de una veintena de organizaciones sociales se movilizaron ayer hasta el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley para reclamar la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron sin trabajo en el último año y medio. Fueron brutalmente reprimidos por la Policía de la Ciudad, que los dispersó con gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma. Además, agentes de civil persiguieron a manifestantes y los redujeron a golpes y bastonazos. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad de 14 y 17 años y hubo varios heridos de balas de goma: uno de ellos fue internado en el Hospital Argerich por una lesión en la cara y otros tres fueron atendidos en el Finocchietto.
Cientos de efectivos de infantería, motos, camionetas y camiones hidrantes formaron parte del megaoperativo montado por la tarde para reprimir la protesta de los cooperativistas que se desarrollaba desde el mediodía en Belgrano y 9 de Julio. Tras dispersar el corte y liberar los carriles de la avenida 9 de Julio y del Metrobús, la policía continuó persiguiendo a los manifestantes por las calles aledañas.
“Estuvimos más de 4 horas movilizados por nuestros reclamos. Tuvimos una primera reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación. Nos dijeron que no a cada uno de nuestros reclamos. Decidimos en asamblea con los compañeros y compañeras acampar. En ese momento nos volvieron a llamar. Ingresamos, cuando nos estábamos sentando la policía avanzó y empezó a reprimir. Había más de 40 móviles, carros hidrantes, tiraban sobre los compañeros balas de goma. Salieron a cazar compañeros”, relató Eduardo Montes, de la cooperativa Gráfica Patricios.
Carolina Arribi, de la Tupac Amaru, agregó que “los dirigentes habían hablado con los compañeros para que liberaran el Metrobus y se apagaran las gomas. Mientras estábamos en ese proceso, con un grupo de compañeros que había ingresado nuevamente al ministerio, la policía avanzó y comenzó a reprimir”.
Los manifestantes, miembros del Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, reclamaban, además de la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40 mil cooperativistas bonaerenses, la declaración de la emergencia alimentaria en todo el país y la emergencia tarifaria en fábricas recuperadas, comedores y clubes de barrio y que no se den de baja las pensiones por discapacidad.
“Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, se inició un ciclo de devastación de la capacidad productiva e industrial de la Argentina, que causó la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, un clima de permanente agresión a las trabajadoras y trabajadores, el deterioro del salario y los ingresos populares. Desmantelaron las políticas públicas de empleo y desfinanciaron el desarrollo de programas destinados a fortalecer el modelo de trabajo cooperativo. Destruyen derechos y agreden a los más débiles. Avanzan contra las personas con capacidades diferentes, contra nuestras abuelas y abuelos, contra nuestras pibas y nuestros pibes más humildes. La guita no alcanza, el hambre crece y la miseria que genera el Gobierno de Mauricio Macri no se puede esconder más”, advirtió Alejandro Garfagnini, de la Tupac Amaru.
El reclamo por la puesta en marcha de un plan de infraestructura para cooperativas tiene razón en datos de la realidad. “Los planes de viviendas populares fueron desmantelados y con ello hubo un proceso de descooperativazación en las organizaciones”, definió el dirigente. Y los beneficiarios de esos planes “ahora pasaron a ser subsidiarios, porque se les quitó la posibilidad de tener formación y capacitación laboral”, añadió.
Fuentes del ministerio de Desarrollo Social dieron esta respuesta a la agencia DyN: “Fue una protesta netamente política y hubo reclamos genéricos sobre la situación de vulnerabilidad. Todos los movimientos eran kirchneristas. En varios de esos frentes había ex funcionarios kirchneristas”. Poco después, en el portal de Clarín había una nota con los nombres y las fotos de esos ex funcionarios.
Los seis mayores detenidos fueron acusados de intimidación pública y resistencia a la autoridad. La causa quedó a cargo del juez federal Sergio Torres y la fiscal Alejandra Magnano. Los dos menores fueron demorados en el instituto Inchausti. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue por la noche a la comisaría 30 para pedir la liberación de los detenidos.
El defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, que estaba en el lugar, ratificó que la represión comenzó mientras unos 18 integrantes de organizaciones sociales se encontraban en el Ministerio de Desarrollo Social para hablar con funcionarios sobre el reclamo de los cooperativistas. Dirigentes políticos y sociales repudiaron los hechos. “Al reclamo del hambre, la policía de Macri responde con golpes, palos y balas de goma”, dijo Hugo Yasky, líder de la CTA y candidato de Unión Ciudadana. “Hablan del diálogo, pero son el gobierno del ajuste y la represión”, señaló la diputada Nilda Garré.