Desde las centrales obreras rechazaron ayer lo sucedido en la reunión del Consejo del Salario en la que no hubo acuerdo, por lo que luego el Gobierno buscó zanjar la cuestión con el anuncio de un aumento del salario mínimo del 24 por ciento en tres cuotas. El triunviro de la CGT, Héctor Daer, reprochó que “no hubo una alternativa posible de buscar un término medio” en el incremento que fue oficializado ayer en el Boletín Oficial, no obstante avisó que la central será “muy cuidadosa” al evaluar la posibilidad de una medida de fuerza. En cambio, desde las dos CTA confirmaron que en las próximas semanas realizarán una protesta contra la decisión de la gestión de Mauricio Macri. El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anunció una marcha nacional para la “primera semana de agosto”, mientras que su par de la Autónoma, Pablo Micheli, sostuvo que a esa medida habría que sumarle un paro general.
“Esto no tiene ninguna posibilidad de revaluarse”, admitió Daer sobre la medida oficializada ayer por el Gobierno que llevará el salario mínimo a 10 mil pesos en julio de 2018 cuando se termine de pagar la última de las tres cuotas. pero cuando lo consultaron sobre si ante este incremento unilateral y el aumento del desempleo están evaluando realizar una medida de fuerza, respondió que este año el sector gremial tiene que ser “muy cuidadoso” porque “cualquier estrategia en términos sindicales puede perjudicar a la posibilidad de dar un debate electoral en serio de cara a las elecciones”.
Daer subrayó que durante el encuentro del martes que reunió a empresarios y sindicalistas que terminó sin acuerdo, los gremios reclamaron que “ningún trabajador debía estar por debajo de la línea de pobreza”.
“La oferta del sector empresarial fue llevar el salario al 20 por ciento de aumento, esto significaba 9.700 pesos al mes de julio del año que viene. Nosotros planteamos que no aceptábamos la propuesta del sector empresarial y que queríamos escuchar otra alternativa, pero esto no sucedió”, planteó en declaraciones radiales. Daer marcó que “este año la estampida del costo del vida llevó a una diferencia más grande a lo que es el salario mínimo, vital y móvil y la canasta básica”, que en la ciudad de Buenos Aires es de 14.090 pesos. “Hubo una mezquindad muy grande del sector empresarial sumado a la rigidez fiscal que propuso el Poder Ejecutivo”, cuestionó el también diputado, quien insistió en que los sindicatos querían “una cifra un poco más alta y más cercana en el tiempo, pero no hubo alternativa posible”.
Frente a esta situación, sostuvo que “hay que seguir trabajando sobre todo con los sectores a los cuales impacta este número, que son los sectores que cobran los planes sociales”. El sindicalista reiteró que “este año hay que ser muy cuidadoso” ante eventuales medidas gremiales por tratarse de un periodo electoral, pero enfatizó que “eso no quiere decir que se tome o no se tome una medida de fuerza”. Aseguró que “el debate sobre cuál es la actitud nuestra frente a estos grupos inescrupulosos (en referencia a los empresarios) es permanente”.
Más enfático fue el rechazo de los jefes de las dos CTA. Según Hugo Yasky, “el Gobierno se orienta siempre en función de los empresarios” –que apuestan a la reducción de los costos laborales con bajas salariales– y con el porcentaje concedido, agregó, “le pone una tapa de hormigón al salario de los que menos ganan”. Sostuvo que el hecho de que el salario mínimo “se termine de pagar en julio del año que viene, habla de esta insensibilidad social”, y comparó que, a diferencia de este año, “durante el gobierno de Néstor Kirchner, el salario mínimo vital y móvil trepó 60 por ciento”.
Pablo Micheli, en tanto, recomendó que “el paro y una gran movilización a Plaza de Mayo” en rechazo al aumento sean el próximo 9 de julio. La idea es dar un margen de tiempo para ver si se reabre la discusión. Micheli sostuvo que “que las tres centrales tienen que rechazar la propuesta si no hay 15 mil pesos de salario mínimo”, y por eso propuso endurecer los reclamos. No obstante se manifestó “dispuesto a una cifra menor pero con una cláusula gatillo de revisión frente a la inflación”.
