Un juez federal rechazó un hábeas corpus presentado por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) para preservar la integridad de un grupo de manifestantes que se encuentran retenidos en terrenos apoderados por el magnate Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.
La orden fue dispuesta por el juez federal de Bariloche Juan Pablo Laurence, quien sin embargo le ordenó al gobierno de Río Negro y al nacional que "arbitren los medios necesarios" para que se ponga en marcha un operativo de rescate a los manifestantes que se acercaron al Lago Escondido, bloqueado por la seguridad de Lewis.
La FIPCA es una de las organizaciones que impulsaron la Marcha de Montaña en reclamo por la soberanía del Lago Escondido. Días atrás presentó el hábeas corpus para garantizar que se respete la seguridad de los manifestantes.
Según la presentación judicial, "está en riesgo la vida de personas detenidas ilegalmente por hombres armados que responderían a Joe Lewis".
Denuncia contra los empleados de Joe Lewis
En tanto, un grupo de abogados denunció penalmente a los empleados del empresario británico Joe Lewis por “privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional”, luego del accionar ejercido contra integrantes de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía en Lago Escondido, Río Negro.
“Denunciamos los delitos cometidos contra el Dr. Jorge Rachid y adherentes de la Fundación FIPCA mientras se movilizaban hacia Lago Escondido y la afectación a la Soberanía Nacional, por un ejército privado que respondería a las órdenes del inglés Joe Lewis", dijo Daniel Llermanos, abogado que integra el Grupo de Abogados Solidarios, a través de un posteo de Twitter.
Según detalla el documento al que accedió Télam, el domingo “la movilización arribó a la cabecera norte” y el contingente fue allí interceptado, hostigado y privado de su libertad por aproximadamente 50 hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar”.
Esa situación, “obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas”. Agrega que la situación se agravó cuando dos policías de montaña tomaron la decisión de abandonar el lugar dejando a las personas sin ninguna clase de protección.
Consideraron que los hechos atentan contra el derecho de circular garantizado por la Constitución Nacional y que “el maltrato y humillación que tuvieran que soportar los peregrinos, sobrepasó hasta la mente más perversa del nacionalsocialismo, cuando los agresores les proferían que ‘iban a cenar asado de la carne de sus cuerpos’”.
Críticas y reclamo por el acceso a Lago Escondido
Señalaron como responsables a “empleados o contratados por el magnate inglés, Joe Lewis, que a nombre propio y/o de empresas vinculadas a su patrimonio adquirió importantes extensiones territoriales, cuestión que no lo autoriza a ejercer el dominio sobre caminos y rutas públicas y mucho menos a emplear patotas de guardianes para tareas de carácter policial”. De esta forma, se pidió a la Justicia que investigue y cite a declaración indagatoria al personal de Lewis.
Más temprano, el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que existe “un ejército paramilitar" solventado por el magnate británico para impedir el ingreso público al lugar, en declaraciones brindadas a Radio Nacional.
El dirigente también cuestionó el accionar de la justicia “que se pone del lado de los más poderosos” y la consideró “cómplice primaria” luego de que rechazara un amparo y dos hábeas corpus presentado para pedir garantías para los manifestantes que intentaban llegar al Lago Escondido.
Este domingo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció que la comitiva de manifestantes participaba de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido fue agredida mientras se encontraba en un camino autorizado por la Justicia.
