El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió ayer en la Casa Blanca con víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, con el objetivo de urgir al Congreso a que apruebe una ley que intensifica las penas a los criminales deportados que hayan reingresado al país. 

En unas breves declaraciones ante los periodistas, Trump subrayó que “incontables estadounidenses” y sus familias, algunos de ellos amigos suyos desde la campaña electoral, han sido víctimas de individuos indocumentados, en muchos casos deportados varias veces. “Muchas valientes familias han perdido a seres queridos porque nuestro Gobierno se negó a cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación”, sostuvo Trump. 

“Nadie murió en vano”, agregó el mandatario al recordar que la Cámara de Representantes prevé llevar a cabo dos “votos cruciales” sobre leyes de inmigración y seguridad nacional, ambas patrocinadas por el congresista republicano Bob Goodlatte, presente en la reunión de ayer.

Una de ellas es la bautizada como Ley de Kate, en memoria de una joven que murió en 2015 por un disparo de un indocumentado, y busca incrementar las penas para los inmigrantes condenados por ciertos crímenes que, tras ser deportados, han vuelto a ingresar a EE.UU. de manera ilegal. Kate Steinle, de 32 años, murió cuando caminaba en un muelle de San Francisco con su padre debido a un disparo efectuado por un inmigrante que se encontraba en situación irregular en EE.UU. El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven. 

En una comparecencia en la Casa Blanca, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, detalló hoy que la tasa de reincidencia de inmigrantes indocumentados que han delinquido oscila entre el 45 y el 70 por ciento, dependiendo del tipo de delito. 

De acuerdo con datos facilitados por el ICE, de casi 66.000 detenidos desde enero pasado por estar ilegalmente en el país, un total de 48.000 son delincuentes o criminales convictos. No obstante, Homan admitió ayer que los inmigrantes no cometen más crímenes o delitos que los nacidos en EE.UU. 

La Cámara baja también prevé votar antes del receso por la festividad del 4 de julio, una ley para quitar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, que protegen a los inmigrantes, si no colaboran con los agentes del ICE. 

En un comunicado divulgado anteayer, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, enfatizó que “incontables familias y comunidades” han sufrido como resultado de las políticas de las “ciudades santuario que socavan la ley federal” protegiendo a criminales indocumentados.”Bandas trasnacionales y violentas como la (salvadoreña) MS-13 toman ventaja de esas políticas para traficar con drogas, reclutar a nuevos miembros en nuestras escuelas, y saquear y expoliar nuestras comunidades”, denunció Sessions.

También Trump comentó ayer que la pandilla MS-13 es un “objetivo primordial” de las autoridades de inmigración, porque son “mala gente” y el Gobierno está liberando a muchas comunidades de su influencia. 

A comienzos de año, en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Trump llevó a su palco de invitados a víctimas de inmigrantes indocumentados. 

Además, en abril el Gobierno anunció la apertura de la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración”, destinada a dar voz a esos afectados y a cumplir una de las promesas de campaña de Trump. Desde entonces, cuando se presentó como el candidato de “la ley y el orden”, Trump ha relacionado la inmigración irregular con un aumento de la criminalidad procedente del narcotráfico con el fin de justificar la necesidad de una política migratoria más dura, pese a que las estadísticas oficiales no respaldan esa teoría.