En medio de la intimación oficial que amenazó con dar de baja las pensiones por viudez si los beneficiarios no “actualizaban” los datos por los cuales se les habían otorgado las pensiones, la APOS, a través de un comunicado, dijo “ya basta, esto es un genocidio”, y advirtió que los empleados del organismo “no vamos a ser cómplices de este plan de extermino de nuestros viejos”.
El titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, por su parte, se limitó a enviar sus condolencias a los familiares de Estivill y a lamentar, por Twitter, “el uso político de una situación tan personal y dolorosa".
Leonardo Fabre, titular de APOS, por su parte, reclamó ayuda a la CGT y a las dos CTA para frenar el desmantelamiento del sistema previsional argentino y "su espíritu solidario". En declaraciones a C5N, el dirigente confirmó que Estivill fue a la ANSES "con la premeditación de suicidarse, con una misión", y que antes de pegarse un tiro dijo "este es mi destino". Denunció, además, que tres meses después de la llegada de Basivilbaso al organismo se produjo un incendio en el cual se quemaron dos millones de expedientes, cuya pérdida ahora invoca el Gobierno para pedirle a los pensionados que demuestren cómo adquirieron sus derechos. "Eso es una bomba en la cabeza de cualquier jubilado", advirtió.
El secretario general del gremio de los empleados previsionales, alertó también acerca de la disolución del sector verificador de la ANSES y la tercerización de la atención telefónica, donde ya trabajan 3 mil contratados que cobran un tercio de lo que cobran los empleados de planta. "Vinieron a destruir el sistema previsional", agregó Fabre, quien señaló la coincidencia del paso del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el PAMI y por la ANSES, en la década del 90, cuando el sistema fue privatizado.
Por último calificó la Ley de reparación histórica, aprobada en mayo del año pasado, como una estafa a los jubilados, "porque es todo lo contrario", y vaticinó que el caso de Estivill "lamentablemente no será el último".
