Crece la polémica alrededor del proyecto presentado por la diputada PRO Paula Urroz, que autoriza a los adultos mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, después de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica". 

La médica Carla Vizzotti, infectóloga y responsable de la ampliación de un calendario de vacunación gratuita que es modelo en el mundo (incluye 19 vacunas gratuitas y obligatorias), ex directora de Enfermedades Inmunoprevenibles, dijo a Página/12 que la iniciativa de la diputada oficialista "no resiste el menor análisis". "Está basado en datos incorrectos, muchos de ellos directamente falsos, es irresponsable y peligroso. Ni siquiera cita alguna sociedad científica que avale los planteos que hace", indicó.

Durante la gestión de Vizzotti, en la Argentina hubo una disminución de un 80 por ciento de las muertes de bebés por tos convulsa y desde 2007 no se hacen trasplantes de hígado por hepatitis A. "Las vacunas y el acceso al agua potable salvan vidas. Generan inmunidad colectiva, con un impacto masivo en la salud pública", evaluó. La ex encargada del Plan Nacional de Vacunación, que fue despedida en noviembre del año pasado por el Gobierno de Cambiemos, advirtió que la iniciativa de Urroz desconoce los beneficios de las vacunas (sobre todo el acceso para quienes no tienen el dinero para pagarlas) y sólo "habla de los efectos adversos, que por supuesto que son estudiados y analizados a la hora de autorizar las aplicaciones".

De prosperar, el proyecto de la legisladora PRO podría afectar la aplicación del Calendario de Vacunación Obligatorio, que establece el cronograma de vacunas para adultos y recién nacidos hasta los 15 años. La iniciativa propone instaurar un “consentimiento informado” y habilita a los padres o responsables de los menores de edad a rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis y varios tipos de hepatitis. 

Sin embargo, la diputada intentó explicar hoy su propio proyecto y sólo atinó a decir que fue "malinterpretado". "No es un proyecto en contra de las vacunas, no las prohíbe. Simplemente queremos que exista información adecuada sobre las vacunas para las personas a cargo sobre los efectos colaterales y, si hay una contraindicación la persona tenga la opción de no vacunarse. Y que exista un registro de efectos adversos", dijo a Radio Caput.

Urroz pidió que el "médico sea el responsable de la prescripción de la vacuna. La vacunación es un acto médico y no es una decisión libre". "Acentuamos la responsabilidad en los profesionales médicos, no sobre los chicos y los padres para decidir. Que haya más conciencia en los médicos", insistió.

Sin embargo, ante la pregunta del conductor sobre los "índices de problemas médicos derivados de la aplicación de vacunas", la diputada dijo que "hay diferentes casos", pero que no tiene los números. "Los tiene mi asesor", cerró.

Sin apoyo en el PRO

El proyecto de Urroz fue criticado incluso por funcionarios del ministerio de Salud. El doctor Jorge San Juan, subsecretario de estrategias de atención y salud, calificó la iniciativa de “descabellada”. “No conozco el proyecto, pero me parece descabellado. El Ministerio trabajó muchos años para imponer la vacunación de carácter obligatorio. Gracias a eso y a las que se fueron incorporando en los últimos años, Argentina es uno de los tres países con mayor cobertura de vacunación, con 19 vacunas en el plan nacional”, dijo San Juan.

La iniciativa tampoco cuenta con el respaldo de la mayoría de sus compañeros de bloque ni de la Comisión de Salud de la Cámara baja, aseguró el legislador oficialista Sergio Wisky en medio de un fuerte rechazo a la propuesta por parte de las sociedades científicas referentes de pediatría, inmunología e infectología.

"El proyecto de pedir un consentimiento informado para aplicar vacunas, incluso las del calendario oficial, es una propuesta personal de la diputada Paula Urroz, pero no fue debatido ni en nuestro bloque ni en la comisión de Salud, y en principio la mayoría tenemos una posición contraria", explicó Wisky, miembro además de la comisión de salud en la Cámara baja.