La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban y los asesinaron a balazos.
Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.
De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que iban cuatro efectivos interceptó el paso y chocó el Peugeot, mientras que minutos después se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos ese auto, por lo que murieron los tres ocupantes.
Ante esta situación, Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del Dodge con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.
Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo, fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde a raíz de las graves heridas sufridas.
De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los once policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los liberó y finalmente fueron sobreseídos.
Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba y Carlos Saladino, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
En diálogo con Nora Veiras, la viuda de Edgardo Ciccutín, Raquel Gazzanego sostuvo que la falta de esclarecimiento en el caso es "como si la violaran una y otra vez": "Es una sensación de impotencia y de impunidad", dijo.
Además afirmó que el cuerpo de de policías involucrados en el hecho "se movían por dinero y son un grupo delictivo, mafioso dentro de la policía que trabajaba y seguramente todavía lo siguen haciendo, aún estando por fuera de la Fuerza".
En las audiencias, convocadas por el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora en octubre y noviembre del año pasado, Raquel señaló que se decidió que los querellantes y abogados tenían nueve meses para buscar testigos y pruebas, sin embargo, la mujer se mostró escéptica con los tiempos es los que pueda realizarse el juicio: "Esto no quiere decir que los abogados defensores realmente tengan ganas de que antes de los nueve meses podamos llegar a tener un juicio, porque cuando se cumplan todos estos trámites, recién ahí se va a establecer la fecha de juicio", indicó.
Gazzanego recordó que hay un detenido, Marcos Ariel Rodríguez, quien estuvo prófugo desde el día del hecho, por 20 años. Lo encontraron en La Falda, Córdoba, atendiendo un negocio de su propiedad. El juez de Garantías del Juzgado número 8, Gabriel Vitale fue el responsable de aprehenderlo en Córdoba.
Sin embargo, luego de estar con prisión preventiva -en Marcos Paz-, según recuerda la viuda de la víctima- por problemas de salud se le dio la domiciliaria. "Quiero destacar que Marcos Ariel Rodríguez y su abogada son los únicos que piden que se realice el juicio", aunque Gazzanego sostuvo que Rodríguez "también estuvo pidiendo hace tiempo la domiciliaria, así que "con esta excarcelación que tiene, yo no sé cuánto ahínco van a poner para que se realice realmente el juicio", lamentó.
Por último, Raquel dijo que, con casi 60 años, pasó "casi la mitad de su vida" con este proceso y consultada por la necesidad de sentencia dijo: "Porque todos necesitamos cerrar y conseguir un duelo que con esta lucha no se puede" obtener.
