El juez Gonzalo López Quintana rechazó el pedido de libertad del dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, implicado en la causa que investiga una megaestafa inmobiliaria. Se trata de uno de los primeros detenidos en el marco de investigación que ya tiene 19 imputados, entre profesionales y otros sindicados de "guante blanco". Justamente, esta semana se sumaron nuevas imputaciones, luego de que el viernes pasado fueran implicadas otras siete personas en la causa que está lista para presentar acusación.

Con los nuevos imputados en la investigación, los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot esperan audiencia preliminar para presentar la acusación formal contra los primeros once imputados en la causa, por más de media docena de estafas inmobiliarias con personas que se encontraban fuera del país o fallecidas.

En ese sentido, ayer se realizó una audiencia en la que Jaef, que lleva ocho meses detenido. Con la defensa de Carlos Varela y Adrián Martínez, solicitó la libertad bajo fianza de más de un millón de pesos; y como medida alternativa pidió un arresto domiciliario. Sin embargo, los planteos no prosperaron y deberá seguir tras las rejas.

Sobre Jaef, la fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión, además de una multa por 73 millones de pesos. Según la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el acusado "aportaba a la banda su posición social, su capacidad de mostrar actividad patrimonial lícita y sus contactos y relaciones. De esa manera, su rol es esencial para la continuidad de los sucesivos traspasos del activo ilícito, ya que no solo disimula ese origen ilícito, sino que necesariamente financia esa actividad delictiva previa".

Jeaf -que también fue acusado por su hermano, fundador de la clínica de San Juan y Oroño- fue detenido en octubre del año pasado y quedó imputado en la causa junto al agente bursátil Jorge Oneto; el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala; el empresario automotriz, Leandro "Lelo" Pérez, tres escribanos, y el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, además de dos prestanombres y un vendendor de autos que fue acusado de "organizador". La semana pasada, se sumaron a esa nómina tres hijos de los sindicados, la esposa de uno de los integrantes de la banda de Los Monos, apodado "Gitano" Fernández; la ex esposa del sindicalista, otro escribano y otros dos hombres que aparecen como testaferros. 

Así, la causa avanza hacia el juicio oral: el 31 de julio está previsto realizar la audiencia preliminar, donde la Fiscalía deberá presentar a todos los testigos y evidencias con las que pretende probar las acusaciones de quienes estarán sentados en el banquillo. El ardid que se les achaca tiene que ver con la falsificación de poderes de los verdaderos dueños de bienes inmuebles, para luego realizar sucesivas compra-ventas hasta que lograban ingresarlo al mercado legal, con apariencia de legalidad. Se aprovechaban de personas fallecidas o que residían fuera del país.