"Hay soldados que murieron bajo fuego enemigo estando estaqueados desnudos de pies y manos por el Ejército argentino. Otros fueron enterrados hasta el cuello solo por haber robado un paquete de galletitas. A un soldado lo ataron con una granada en la boca y un hilo que le cruzaba por los testículos. Algunos fueron sometidos a la picana eléctrica. A otros los metían en pozos de agua helada como castigo, lo que produjo mutilaciones por congelamiento y gangrena. Hubo golpizas y simulacros de fusilamiento. Incluso asesinaron soldados a sangre fría".
El estremecedor relato es de Ernesto Alonso, excombatiente de la guerra de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de excombatientes (CECIM) de La Plata, quien narró a AM750 los vejámenes que sufrieron cientos de jóvenes argentinos en las Islas.
En el marco del 40° aniversario del inicio de la guerra, un grupo de veteranos, junto a familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos, esperan hace más de once meses que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en la causa judicial que se inició en el año 2006 y en la que un centenar de exmilitares fue denunciado por torturar a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982.
El pedido de Justicia
Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y 130 militares imputados por esos hechos, los integrantes del Tribunal Supremo deben resolver si considera los hechos denunciados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles, o como delitos comunes.
"Con la cantidad y la calidad de pruebas que hay hace años que la causa debería haber entrado en instancia de juicio oral. Sin embargo hasta ahora llevamos solamente cuatro procesados", señaló Alonso, quien recordó que en 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó desclasificar los documentos oficiales del ejercito donde se constataron todos los hechos de tortura.
El excombatiente dijo que "llamativamente" en todos estos años la causa pasó por distintas instancias judiciales sin que hubiera llamados a indagatoria. "Hasta el momento ninguno de los acusados tuvo que explicar por qué torturaron soldados en Malvinas. Ellos te pueden contar con lujo de detalles la guerra, pero cuando les preguntan sobre esto les agarra amnesia", indicó.
Luego denunció que la demora del Poder Judicial se debe a una complicidad con el terrorismo de estado en búsqueda de impunidad. "Estamos en manos de una Corte Suprema de Justicia que no tiene plazos. Todos sabemos lo que pasa en la Corte con las causas que investigan las violaciones de los Derechos Humanos a la corte: se freezan", señaló Alonso, quien advirtió que en la causa se impone la "impunidad biológica" porque con el transcurso de los años se están muriendo las víctimas y los victimarios.
“El Poder Judicial ha decidido hacer carne el mandato de la dictadura y hoy perpetúa la lógica de vulneración de los derechos humanos”, dijo Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Cecim de La Plata, que actúa como uno de los querellantes de la causa. "La dictadura de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura", enfatizó.
Consultado por AM750, el abogado dio cuatro fundamentos claves por los cuales las torturas en Malvinas deben ser consideradas de listos de lesa humanidad:
- "Las Fuerzas Armadas estaban instruidas por la Escuela de las Américas para la tortura, la desaparición y la muerte".
- En Malvinas se torturó en forma generalizada a soldados. En todas las unidades militares de las tres fuerzas, hubo al menos un caso de tortura.
- Todo el Estado jugó un partido para que todo esto quedara impune.
- Toda la cadena de mando estaba al tanto de las torturas y en vez de juzgar los hechos buscó su impunidad.
"Nosotros queremos que nuestro pueblo sepa la verdad de lo que pasó con los soldados en Malvinas. Le estamos pidiendo a la justicia que haga lo que tiene que hacer. A Malvinas se trasladó el terrorismo de Estado. Los hechos no podrían haber sucedido de otra forma de la que ocurrió", manifestó Alonso.
Espionaje y hostigamiento después de la guerra
El exsoldado sostuvo que cuando terminó la guerra fueron recibidos "por lo peor" del Estado represivo en búsqueda de imponer el silencio sobre los crímenes de Estado. "Nos llevaron a Campo de Mayo, donde fuimos recibidos por inteligencia militar. Ahí la dictadura comenzó a armar un dispositivo de inteligencia y contrainteligencia sobre cómo contar la guerra respecto a los soldados", contó.
Luego Alonso recordó que en 1982 Cristino Nicolaides, miembro de la Junta Militar que asumió al poder tras la derrota en la guerra, ordenó "parar la bola de nieve" para que los hechos ocurridos en Malvinas no lleguen a la opinión publica. "Quería que sean resueltos en instancias administrativas. Que todo quede dentro del ejercito".
Con el retorno de la democracia, cuando los distintos grupos de excombatientes se empezaron a organizar para contar lo que habían sufrido en la guerra, el propio ejercito comenzó a llevar adelante una campaña de descrédito hacia estas versiones. "Hasta llegaron a espiarnos para saber que hacíamos. En el año 92 encontramos documentos de inteligencia que dan cuenta de que el ejercito hizo inteligencia sobre la CECIN de La Plata. Parece que Malvinas es una guerra sagrada que no se puede discutir", comentó Alonso.
Por último, el excombatiente recordó un hecho más reciente ocurrido durante el gobierno de Cambiemos. El 29 de Mayo de 2019, en el acto por el Día del Ejercito organizado por el gobierno de Cambiemos, el entonces jefe del Ejército Claudio Pasqualini dijo que las denuncias de tortura son "falsas" y que lo que buscan es "enlodar la valentía de lo actuado en las islas".
"Todavía seguimos enfrentando todo esto. Pero vamos a seguir luchando. La instituciones de la democracia tienen la responsabilidad de que se sepa la verdad. Esto debe concluir dentro del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que nuestro pueblo supo hacer", completó Alonso.
Fiscales pidieron investigar casos de abuso sexual y antisemitismo contra soldados en Malvinas
Esta semana, el Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego amplió el requerimiento de instrucción en la causa que investiga a más de un centenar de militares argentinos por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas y pidió pesquisar hechos de supuesto abuso sexual y antisemitismo, según se desprende del documento oficial de 159 páginas.
La solicitud efectuada por el fiscal federal Marcelo Rapaport, de la ciudad fueguina de Río Grande, donde se tramita el caso, y por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, fue presentada ante la jueza Mariel Borruto.
Los fiscales identificaron 24 nuevos hechos delictivos en función de las pruebas recolectadas en el expediente y calificaron a 22 de ellos como "imposición de torturas" y a 2 como "abuso deshonesto", todos en perjuicio de "soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N°3".
Además, imputaron por esos presuntos delitos a 18 oficiales y suboficiales del Ejército, de los que pidieron su citación a prestar declaración indagatoria.
