El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer tres buenas noticias en su campaña xenófoba contra los inmigrantes. Por un lado, las agencias gubernamentales de Estados Unidos comenzaron a implementar ayer parcialmente el veto migratorio a refugiados y ciudadanos provenientes de seis países de mayoría musulmana, informaron autoridades. Por otro lado, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó un proyecto de ley que reforma la legislación migratoria para imponer restricciones en el acceso a fondos federales para “ciudades santuario”. A su vez, la Cámara baja también aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones de privación de libertad a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país después de haber sido deportados o rechazados previamente.

El veto migratorio entró en vigencia a las ocho de la noche ayer (21 horas en Argentina) en los consulados de Estados Unidos en todo el mundo, dijo una alta autoridad del Departamento de Estado. La medida comienza a implementarse tras un fallo de la Corte Suprema que permitió parcialmente la aplicación de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, hasta que el tribunal resuelva el caso formalmente en octubre. “Hemos trabajado estrechamente con nuestros socios de otras agencias para asegurar que se aplique ordenadamente”, dijo la fuente, que pidió no ser identificada, en una conversación telefónica a periodistas.

Los nueve miembros de la Corte Suprema anunciaron el lunes que escucharán los argumentos sobre el caso en octubre, al tiempo que levantaron parte de las medidas cautelares dictadas por tribunales inferiores que bloquearon la orden ejecutiva. El máximo tribunal autorizó al gobierno a aplicar la prohibición por 90 días de emitir nuevas visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen que no tengan ningún tipo de relación con Estados Unidos. Asimismo, las nuevas solicitudes de refugiados de todos los países serán suspendidas por 120 días.

La Corte Suprema estableció además que en ambos casos la orden de Trump no podrá ser aplicada contra ciudadanos con “buena fe” (bona fide, según precisa la corte en el fallo) que tengan negocios o relaciones familiares en Estados Unidos, ya que su exclusión podría afectar los derechos de los ciudadanos estadounidenses implicados. Los miembros familiares que califican para nuevas visas durante el período de suspensión incluyen hermanos, hermanas, medio hermanos y hermanastros. Padres y suegros también están incluidos, pero no así abuelos o sobrinos, indicó la fuente del Departamento de Estado. Hijastros e hijastras podrán ser reconocidos, aunque cuñados no.

Por otro lado, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que establece que un Estado o un municipio que no se empeñe en aplicar la legislación migratoria no será elegible para recibir fondos provenientes del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Interior. Es decir, impone restricciones en el acceso a fondos federales, a las llamadas ciudades santuario, que protegen inmigrantes en situación irregual. Las “ciudades santuario” no cooperan con entidades ni agentes del orden federal en materia migratoria, y en consecuencia no procesan el arresto de inmigrantes en situación irregular para entregarlos a autoridades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

A su vez, aprobaron un segundo proyecto de ley, bautizado como “La Ley de Kate”, en homenaje a la joven Kathryn Steinle, asesinada en San Francisco en el 2015 por un inmigrante ilegal, que ya había sido deportado en varias oportunidades. La medida endurece las sanciones de privación de libertad a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país después de haber sido deportados o rechazados previamente.

Aunque los dos proyectos de ley deben ser sometidos al voto del Senado, Trump saludó en una nota oficial su aprobación en la Cámara baja del Congreso. “Aplaudo la aprobación de dos medidas cruciales para proteger a los estadounidenses”, apuntó el mandatario quien pidió a los senadores que aprueben esas leyes.