El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió este lunes a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el dictamen que dispone el aumento de la valuación de bienes inmuebles.

A través de una carta, Rodríguez Larreta lo calificó de "ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica", por considerar que el mismo no coincide con lo establecido en 2018 respecto a los "criterios a aplicar para determinar la valuación de bienes inmuebles situados en esta jurisdicción, y que integran la base imponible del Impuesto". 

Y agrega que "un cambio en los criterios expuestos atenta, también, contra una ley nacional que ha plasmado una metodología explícita de liquidación del impuesto, distorsionando además la equidad lograda".

En ese sentido, desde la Ciudad denuncian que dicho aumento “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.

Y plantea que "luego de la quita de la coparticipación y de la búsqueda de la suba del transporte público mediante la quita del subsidio, el Gobierno nacional pretende cuadriplicar el valor de los inmuebles para que aquellos contribuyentes que tengan una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires paguen por este impuesto lo que no abonan los que viven en otras provincias, violando claramente los principios constitucionales de igualdad, equidad y capacidad contributiva".

En síntesis, sostienen que la medida de la AFIP "pretende elevar la presión tributaria y castigar únicamente a los que tienen alguna propiedad inmueble en la Ciudad", lo que consideran "un ataque más de los que se vienen dando por parte del Gobierno nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires, con el único fin de afectar política y financieramente a una administración provincial gobernada por una fuerza opositora".