El ataque al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuvo el fuego en una Venezuela que continúa encendida. Su presidente, Maikel Moreno, dijo que “el terrorismo se está presentando en algunos sectores de la sociedad venezolana. Esto no nos va a amilanar”. En ese sentido, señaló que el organismo seguirá tomando las decisiones necesarias para lograr la estabilidad del país y garantizar la democracia, luego de que el edificio fuera blanco de un ataque desde un helicóptero. Las autoridades de Venezuela mantenían ayer la búsqueda del piloto de la aeronave acusado de comandar un ataque terrorista contra la sede del máximo tribunal en Caracas. El Ministerio del Interior emitió una orden de captura internacional a través de Interpol contra Oscar Pérez, policía de 36 años, a quien acusó de perpetrar el ataque y estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). El TSJ prohibió salir del país a la fiscal general de la República, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz, ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y convocó para el martes a una audiencia oral y pública en la que iniciará el debate sobre si debe ser juzgada.
Sobre las motivaciones del ataque, Moreno sostuvo que “esto se hace para amedrentar a nuestros compañeros magistrados, jueces y juezas. Esto lo que hace es fortalecernos más, unirnos más para seguir decidiendo o tomar las decisiones que necesita el país para su estabilidad y democracia”, agregó el titular de la máxima instancia judicial, que se encuentra enfrentado a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y a la fiscal Ortega Díaz. Conducidos por el presidente del TSJ y el canciller Samuel Moncada, un grupo de diplomáticos acreditados en Venezuela recorrió las instalaciones de la Corte para ver los sitios donde impactaron las cuatro granadas, una de las cuales no explotó. “Espero que sean multiplicadores de esta verdad. En Venezuela hubo un ataque terrorista y debe ser condenado”, subrayó Moreno. A su vez, consideró que el hecho puso en riesgo la vida de civiles que se encontraban en los alrededores del edificio, ubicado a un kilómetros de distancia de la casa de Gobierno de Miraflores. “Quiero que ustedes mismos vean la magnitud de los daños. En ese momento había trabajadores dentro y fuera de las instalaciones”, dijo Moncada a los visitantes.
El helicóptero, usado por la policía judicial en operaciones especiales, fue secuestrado por el piloto Oscar Pérez, quien ejecutó la acción el martes junto con otros funcionarios. La aeronave fue encontrada abandonada el miércoles en la región costera de Vargas, pero el piloto sigue siendo buscado con un alerta roja a la Interpol. El Gobierno calificó la acción como un hecho “terrorista y golpista”. Pérez es un funcionario con 15 años de trabajo en la policía. En un manifiesto grabado antes del atentado, se declaró parte de un grupo llamado “guerreros de Dios”.
Por su parte Moncada, que acusó a la oposición de hacerse los locos, afirmó que “algunos dicen que hasta fue inventado por el gobierno, una patraña, que nosotros lo hicimos a propósito para desviar la atención de la opinión pública. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo”. Aunque el gobierno chavista vincula el hecho con sus adversarios, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) deslindó su responsabilidad y mantuvo ayer las protestas.
Dos días después de que la aeronave lanzara cuatro granadas contra el TSJ, las fuerzas de seguridad inspeccionaban el aparato, pero no pudieron dar con el paradero del piloto.”Esta no es la forma de accionar de la coalición porque la Unidad sólo exige un cambio democrático de manera pacífica”, afirmó el diputado opositor Juan Guaidó, en representación de la MUD.
Sobre la prohibición impuesta a la fiscal general Ortega Díaz, la máxima Corte aclaró que esa medida fue tomada por unanimidad de los miebros y pedido del diputado oficialista Pedro Carreño, quien acusó a la fiscal de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. Ortega denunció que hay un proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público.
