La premier británica, Theresa May, pasó ayer su primera prueba política al conseguir la aprobación de su programa de gobierno para los próximos dos años en la Cámara de los Comunes, con votos de la bancada conservadora y de sus nuevos socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

Con 323 votos a favor y 309 en contra, una mayoría de solo 26, a la enmienda planteada por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, el programa legislativo fue aprobado de manera ajustada gracias al apoyo de 10 diputados del DUP, que el lunes pasado cerraron un acuerdo por el cual respaldarán algunas de las medidas claves del gobierno a cambio de financiación extra para Irlanda del Norte.

Esta enmienda al programa legislativo gubernamental, presentado el 21 de junio en el Discurso de la Reina, pedía al Ejecutivo que negocie un acuerdo con la Unión Europea (UE) que contemple “los mismos derechos exactos” de que ahora goza el Reino Unido como miembro del mercado único y de la unión aduanera. Asimismo, la enmienda laborista proponía acabar con los recortes en el sector público, aumentar los impuestos a las rentas altas, hacer gratuito el acceso a la universidad y subir el sueldo mínimo interprofesional.

Se trata de la primera votación luego de las elecciones generales de principio de junio, en las que May perdió la mayoría absoluta y quedó en una posición de debilidad que la obliga de ahora en más a gobernar en minoría, lejos del liderazgo “fuerte y estable” buscado por su partido durante la campaña.

El acuerdo cerrado con el DUP, una fuerza conservadora, euroescéptica y protestante, le dio un respiro en la votación de ayer, pero May se verá obligada a negociar con los norirlandeses en cada uno de los sufragios que se presenten de aquí en adelante, lo que pone a la premier en una situación de debilidad, especialmente de cara a las negociaciones con la Unión Europea (UE) para acordar una salida del bloque. 

Ante esta posición, la primera ministra tuvo que volver ayer antes de una reunión en Berlín sobre la preparación de la próxima cumbre del G-20 en Alemania, a fin de votar junto con su grupo parlamentario el programa legislativo para este periodo de sesiones.

La bancada del DUP comenzó ayer su alianza con un apoyo importante para el gobierno. Antes de aprobar el programa en su conjunto, los conservadores y el DUP rechazaron en bloque una enmienda presentada por el Partido Laborista para negociar un Brexit más suave, que garantizara “los mismos derechos exactos” de acceso al mercado único y a la unión aduanera.

Desestimada por 323 votos en contra frente a 297 a favor, la enmienda pedía además a Londres reconocer que una negociación sin acuerdo con Bruselas sería “el peor resultado” y que el futuro pacto bilateral debe priorizar “el empleo y la economía”, y mantener intactos los derechos de los expatriados británicos y de los comunitarios.

Asimismo, proponía acabar con los recortes en el sector público, aumentar los impuestos a las rentas altas, hacer gratuito el acceso a la universidad y subir el sueldo mínimo interprofesional.

Otra enmienda de la diputada laborista Stella Creasy, -que pretendía que el sistema de salud público no cobre a las norirlandesas que van a abortar a Inglaterra, Escocia o Gales, porque en su región está prohibido- fue retirada antes de la votación, tras un inusual gesto del Ejecutivo que se comprometió a conceder esa petición, hecho que dejó nuevamente de manifiesto su fragilidad ante el Parlamento.

El programa legislativo del gobierno de May fue presentado el pasado 21 de junio por Isabel II en el llamado “Discurso de la Reina”, que marca la apertura oficial del curso parlamentario, e incluye 27 proyectos de ley a tramitar en los próximos dos años, entre ellos ocho relativos a la salida del bloque comunitario.

Entre ellos se destaca la “Gran Ley de Derogación”, que revocará el Acta de Comunidades Europeas que autorizó en 1972 el ingreso del Reino Unido en la UE, y que convertirá en británicas las leyes comunitarias, además de poner fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

Otros textos destinados a materializar el Brexit son unas leyes de pesca, agricultura, aduanas e inmigración, que se detallarán una vez que se sometan a trámite. El programa incluye también un proyecto de ley de Comercio Internacional que permitirá al Reino Unido firmar acuerdos con otros países cuando salga de la UE, y otro de Garantías Nucleares para asegurar que las autoridades británicas velen por la seguridad en ese sector.

Si bien gracias a la alianza con el DUP el gobierno de May no debería tener problemas para aplicar su programa, el pacto de gobernabilidad con los unionistas -muy conservadores en asuntos sociales- estará sometido al constante escrutinio tanto de la oposición laborista como de los líderes de las autonomías de Escocia y Gales, que se sienten discriminados.

En estas circunstancias, May debe reanudar en los próximos días las negociaciones con Bruselas para la salida británica de la UE, que deben concluir, salvo prórroga, el 29 de marzo de 2019.