Un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-UNESCO) reveló que la Ciudad de Buenos Aires es la tercera gran capital donde de la región donde creció el narcomenudeo. Advierten que las organizaciones delictivas reclutan cada vez a menores adictos y los transforman en vendedores, y apuntan a una "connivencia policial y judicial".
Los datos surgen de un relevamiento realizado entre el 2 de enero y el 15 de marzo, un período en el que se realizó una investigación cuantitativa basada en el cruce de datos de organizaciones eclesiásticas, universidades y ONG's nacionales e internacionales sobre la venta y el tráfico de drogas en las ciudades más importantes de América Latina.
En la Argentina se tomó como referencia a la Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron encuestas en persona y sondeos telefónicos a hombres y mujeres de 18 a 75 años. El 63 % de los consultados reconoció la presencia de venta y tráfico de drogas en la manzana, vecindario o barrio de residencia.
Los datos son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que quedaron por debajo de Bogotá, con el 81,6 %; y la Ciudad de México, con el 74,7 %.
Al respecto, Fernanda Gil Lozano, directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO, sostuvo en Branca de Vuelta que "esto se desprende de un delito transnacional como lo es el narcotráfico" y afirmó que “se viene trabajando fuerte en este tema porque la venta minorista de drogas viene aumentando exponencialmente en las últimas dos décadas, expandiendo y diversificando el mercado a menor escala”.
Además, agregó que “el narcomenudeo no sólo representa un grave problema de salud pública, sino también un factor de desintegración social sistémica; así como una fragante violación de los Derechos Humanos”.
"Está profundamente ligado a gente en alto estado de vulnerabilidad", remarcó.
Más presencia de venta y tráfico de drogas
- El estudio evidenció una mayor presencia de venta y/o tráfico de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad.
- En detalle, un 53% de los hogares de sectores bajos reconocieron que perciben venta y/o tráfico de drogas en sus alrededores.
- Al mismo tiempo, en los hogares marginales que se encuentran en villas de emergencia o
asentamientos precarios refieren en casi un 80% que tienen contacto estrecho con esos
delitos. - Los números bajan a un 22 % de los hogares en barrios no pobres.
- A su vez, el trabajo arrojó que cuatro de cada diez hogares con niños de la Capital Federal se encuentran ubicados en zonas con presencia de venta y/o tráfico de drogas.
- Otros datos muestran que un 90% de los hogares de barrios en donde es nula o muy baja la presencia policial reportan conocer a quienes se encargan del narcomenudeo, mientras que esa cifra se reduce apenas al 15% de los hogares en barrios donde existe permanente vigilancia policial (en general, en barrios de clase media o alta).
El traspaso de la Policía de la Ciudad, otro eje polémico
En el año 2018, mediante la ley 5.935, la Ciudad de Buenos Aires aceptó la transferencia de la competencia para entender en el narcomenudeo. La justicia de la Ciudad debió intervenir desde el 1º de Enero de 2019, en las figuras previstas en el art. 5. inciso c) cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor , y en el inciso e) cuando la entrega suministro o facilitación fuese ocasional y a título gratuito y sugiere inequívocamente que es para consumo personal de quien lo recepta. Así como la simple tenencia de estupefacientes art. 14.1. de la ley 23737.
También se transfirió la competencia de conductas que se encuentran directamente ligadas al consumo como lo es la del art. 14.2 de Tenencia para consumo personal, y la del art. 5 inciso a) cuando la cantidad sembrada o cultivada sea para consumo personal.
Sin embargo, a pesar de haber aceptado su responsabilidad para la prevención y la persecución del ilícito, el informe arrojó que “el 78,9 % de los consultados consideró que las fuerzas de seguridad y la justicia de la Ciudad de Bs As mantienen una relación de complicidad con los punteros que manejan el delito”.
Consumo personal
La experiencia desarrollada en el primer año de transferencia de esa competencia al fuero de la Capital Federal (2019) demostró que las personas que poseían estupefacientes, para su consumo personal, fueron víctimas de una selectiva persecución policial que poco efecto tuvo al interior del problema.
Según datos del Ministerio Público Fiscal de CABA, de los 7.824 casos de detenciones por tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades, solo 141 fueron objeto de alguna medida judicial, es decir menos del 2 %, y en apenas 4 casos intervino la Cámara de Apelaciones para revisar lo resuelto. Los 7685 casos restantes simplemente fueron archivados.
En tanto, “el 64,3 % de los consultados consideran que las fuerzas de seguridad avanzan sobre las zonas más vulnerables con un claro sesgo de selectividad que transforma la supuesta lucha contra el narcomenudeo en un elemento de control social”. Esa postura encuentra asidero estadístico, dado que las comunas de la zona sur y costeras al Riachuelo (que poseen indicadores muy negativos en desocupación e ingreso per cápita, y donde se encuentran dos tercios de las villas y asentamientos de la CABA),
encabezan las detenciones.
Por el contrario, las zonas que menos casos registran son Almagro, Boedo, Villa Real, Villa Luro, Belgrano y Recoleta.
En tanto, según índices de varias Ongs de Buenos Aires, el fuerte del narcomenudeo está manejado por punteros en los barrios de Constitución, Balvanera, Pompeya, Barracas, Liniers y Flores, siendo zonas que aparecen llamativamente como liberadas desde el control policial y las estadísticas.
En ese sentido, varios de los encuestados afirmaron que “los delitos se llevan a cabo a plena luz del día y debajo de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, que registran todo lo que sucede pero que muy pocas veces utilizan esas imágenes como material probatorio para investigar desde dónde llegan las sustancias y quienes controlan el negocio”.
Socialmente, el informe destaca que “los segmentos de la población más expuestos a esta situación son los adolescentes y los jóvenes socialmente más relegados, porque se encuentran más expuestos a consumos adictivos, habida cuenta la escasez de otros recursos, la exclusión educativa, el desempleo, la desintegración y la mayor violencia social que rodea su entorno”.
Una "mal llamada lucha contra el narcotráfico"
Finalmente, Gil Lozano señaló que “estos datos vislumbran que la política mal llamada lucha contra el narcotráfico, se centra en los sujetos ubicados al final del sistema, es decir en los consumidores, sobre cuya criminalización no se obtiene ningún resultado”, y concluyó en que “con escaso apoyo oficial por parte del GCBA, las casi únicas respuestas hacia el problema provienen de organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de comunicación o empresas privadas, siendo eso claramente insuficiente para resolver una problemática que se agiganta cada día”.
