En medio del debate por la millonaria deuda que debe pagar la Argentina, un grupo de referentes sociales, culturales, sindicales y educativos, entre otros, conformaron el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, con el objetivo de visibilizar las dificultades que afronta el país y para reclamar que se investigue el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri.
Los desafíos del Comité
La carta detalla los principales desafíos del Comité son visibilizar las múltiples deudas internas; promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, acompañadas de un compromiso presupuestario; demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la estafa de la deuda.
Además, "hacer revisiones trimestrales de las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar al deuda interna para evitar que la presión del FMI vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías" y "apoyar iniciativas orientadas a que el peso de la deuda no caiga sobre el pueblo sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga que fomentó el gobierno de Macri".
En ese sentido, apoyaron la iniciativa del “aporte especial de emergencia” para pagar la deuda con la fuga y de levantar el secreto bancario para conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país.
Primeras acciones
En una carta, solicitaron una audiencia al senador José Mayans, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación para expresar su preocupación “por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”.
Además, le recordaron que se busca "coordinar acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a buscar conocer verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por la gran estafa que ha sufrido la Argentina", bajo la consigna de que “la deuda es con el Pueblo”.
Las deudas internas
"Los datos de esta enorme deuda son elocuentes. Actualmente en nuestro país un 37,3 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y un 8,2 por ciento se mantiene por debajo de la línea de indigencia", expresaron.
En este sentido, dijeron que "son millones de argentinos y argentinas que sufren". "Junto con esta situación, hasta el mes pasado el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzaba un total de $33.000, apenas por encima de la canasta básica alimentaria, mientras que el ingreso medio de la población para el tercer trimestre del año 2021 era de apenas $49.218, lo que marca que, aún con el privilegio de un trabajo con aguinaldo y obra social, se puede ser pobre en este país".
Además, precisaron que "la participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021". "La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %", indicaron.
Por eso, apuntaron que esa inequidad "beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses que no son Nacionales, ya que los sectores PyMEs siguen sufriendo condiciones injustas frente a los grandes corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial".
Además, manifestaron que según datos oficiales de 2018, el déficit habitacional de nuestro país supera las 3,5 millones de viviendas y, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen al menos 4.416 barrios populares en los que viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones de extrema precariedad y falta de acceso a servicios públicos básicos.
"Es evidente la urgencia de atender la deuda interna"
"Es evidente, para nosotros, la urgencia que existe a la hora de atender la deuda interna, con más razón luego de las consecuencias de cuatro años de gobierno del ex presidente Macri y del impacto más reciente de la pandemia de Covid-19", analizaron.
En ese sentido, el Comité buscará promover políticas públicas para garantizar el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura para las grandes mayorías, "además del respeto a la Naturaleza y los bienes comunes".
Críticas al FMI
"En segundo lugar, este Comité buscará implementar acciones para demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados". "En ese sentido, promoveremos la acción internacional del Estado Argentino, así como también las iniciativas judiciales y políticas de su ciudadanía", señalaron.
"En tercer lugar, manifestamos nuestro rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos. Sin perjuicio de las eventuales acciones de repudio que realicen organizaciones que integran este Comité contra las llamadas “auditorias trimestrales”, el Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías. En efecto, consideramos que deben realizarse “revisiones trimestrales” sobre las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta deuda".
En cuarto lugar, con pleno respeto a la posición personal u orgánica de cada integrante sobre el recientemente firmado acuerdo entre el Gobierno y el FMI, sobre la conveniencia o no de su sanción, sobre el mérito de la estrategia de negociación y sobre cualquier otra consideración sobre el particular, el Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, el Comité apoya propuestas como el “aporte especial de emergencia” para gravar impositivamente a que quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes. También respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda. En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación.
En virtud de los objetivos detallados arriba, resulta imprescindible para nosotros solicitarle una pronta reunión a la Comisión Bicameral que usted preside, bajo la comprensión de que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional y política de abordar esta problemática central para nuestro país y de que, naturalmente, esta Comisión Bicameral es un instrumento importantísimo para llevar adelante esa tarea, para la que nos ponemos a disposición.