Volvés del trabajo, de la escuela o de la facultad, y un operativo de la policía local o bonaerense para el colectivo. Sin orden judicial, te hace descender, te piden documentos, revisan tus pertenencias, te ponen con las palmas sobre el micro para cachearte y terminás detenido en la comisaría por averiguación de antecedentes. Esas prácticas violatorias de la intimidad y de los derechos a la libre de circulación y a la presunción de inocencia volvieron a los barrios del conurbano de la mano de la Policía Bonaerense, al mando del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) las denunciaron como inconstitucionales, mientras que los colectivos de profesionales CIAJ y AJUS presentaron un hábeas corpus colectivo exigiendo al gobierno de María Eugenia Vidal “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad”. “Se trata de una respuesta improvisada para satisfacer un reclamo social de seguridad, mientras tanto corren cada vez más los umbrales de tolerancia al autoritarismo, lo que deteriora el sistema democrático sin resolver la prevención del delito”, denunció Roberto Cipriano, secretario de la CPM.

El último fin de semana la APDH registró un operativo en Quilmes, en las paradas de las líneas 263 y 281. El pasajero que no tenía DNI no volvía a subir y quedaba demorado. No fue la primera denuncia. Hubo actuaciones arbitrarias del mismo tipo en La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Las denuncias las hicieron pasajeros de micros de las empresas Plaza y de la línea 275.  

“Es una práctica hecha de muchas prácticas: retenes, armas largas, cacheos, requisas, detenciones por averiguación de antecedentes”, describió uno de los integrantes del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), Esteban Rodríguez Alzueta, en diálogo con PáginaI12, y aseguró que la grave novedad de los últimos operativos son las razzias, o sea, los operativos sin orden judicial que terminan con demoras en las comisarías. Sin embargo, advirtió que “desde comienzos de 2016” se intensificaron las “bajadas de bondi”, sin que terminen en detención, pero con el combo de “provocaciones, insultos, destrato y maltrato de la policía, siempre sobre la misma población: los jóvenes de los barrios periféricos”.  

Los operativos –similares a los denominados Control Poblacional, que implementa el Ministerio de Seguridad nacional, con fuerzas no policiales desde la gestión de Sergio Berni y con mayor intensidad desde la llegada de Patricia Bullrich- son protagonizados en los municipios por los agentes de la Policía Local, que al avasallamiento de los derechos y garantías de los pasajeros suman un agravante: “Es personal con muy poca capacitación, que responde con violencia, no explican el por qué de las requisas y amenazan con llevar detenido a quien consulta”, subrayó Cipriano a este diario.  

El secretario de la CPM emparentó la radicalización de los operativos con el reclamo de los choferes de colectivos y recordó que fue el propio Ritondo quien anticipó las razzias. Tras la denuncia del APDH, la Comisión requirió información al Ministerio de Seguridad provincial, pero “jamás aportan estadísticas, datos; no pueden precisar cuántos delitos se cometieron arriba de los micros, en qué lugares, en qué momento. Se debate sobre percepciones y no a partir de datos rigurosos, porque no es parte de una política pública sino manotazos para demostrar una actitud activa. Todo el accionar es improvisado y efectista”, denunció Cipriano. “Creer que se va a reducir el delito callejero por pedir documento a una persona que viaja en colectivo no tiene sentido”, subrayó Rodríguez Alzueta.

CIAJ

Por eso, ante “el resurgimiento de las razzias, promovidas por el propio ministro de Seguridad” que “hacen revivir páginas oscuras de nuestra historia reciente”, el CIAJ y AJUS (Abogados por la Justicia Social) presentaron un hábeas corpus colectivo que recayó en el Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo del juez Jorge Moya Panisello.

Los colectivos advirtieron que “bajo el argumento de la seguridad, violan y cercenan múltiples derechos constitucionales y convencionales”, y resaltaron que “dichos procedimiento son realizados sin que exista ninguna sospecha de la comisión de un delito” para exigir “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad” al gobierno provincial y a las intendencias, donde se registraron las denuncias. Además de dejar asentado el reclamo ante Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende de la Suprema Corte provincial.   

“La saturación territorial de efectivos, móviles, cámaras, retenes y razzias amplía los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”, alertaron desde el CPM.