En el Día de la reafirmación de los derechos de los Pueblos Originarios, y a casi cien años de los hechos, este martes comenzó el juicio oral para conocer la verdad en torno a la Masacre de Napalpí, como se conoce al fusilamiento de más de 400 integrantes de etnias Qom y Moqoit por parte de fuerzas estatales y colonos en el entonces Territorio Nacional del Chaco, ocurrida el 19 de julio de 1924.
Se trata de un "juicio por la verdad" que no tendrá imputados -ya que los responsables de la masacre están fallecidos- y en el que declararán sobrevivientes y descendientes de las víctimas.
La audiencia inaugural del juicio que involucra crímenes de lesa humanidad contra poblaciones originarias, el primero en su tipo en la historia del país, tuvo lugar en la Casa de las Culturas, en la ciudad de Resistencia, y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, comunidades originarias y de derechos humanos.
También participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez; la subsecretaria Nayla Bosch; el presidente del Instituto de Cultura de la provincia, Francisco Romero, y el ministro de Educación chaqueño, Aldo Lineras.
En diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes, el fiscal federal de Chaco Diego Vigay recordó lo que fue la matanza de casi 400 indígenas y se refirió al comienzo del juicio. A principios de 1900 el Estado argentino creó reducciones indígenas en distintos lugares del país. El objetivo era concentrar a la población originaria en un espacio acotado, para así ir avanzando sobre su territorio. En el caso del Chaco, la reducción Napalpí fue creada en 1911.
En lo que era denominado Territorio Nacional del Chaco en ese momento, los pueblos Qom y Moqoit eran nómades, por lo tanto recorrían todo el territorio de acuerdo a la estación del año. Vivían fundamentalmente de la caza y de la pesca, pero a partir de su concentración por parte del Estado en esta reducción empezó un régimen de trabajo forzado. Les pagaban con mercadería en mal estado y con ropa usada, y esas condiciones miserables de vida hicieron que en 1924 se produjera una huelga masiva que abarcó a casi toda la población de la reducción Napalpí, estimada en alrededor de 1000 personas.-
A esta huelga, el Estado nacional respondió con una represión salvaje: se calcula que alrededor de 130 hombres, según los listados de la época con los que se cuenta, dispararon para romper la protesta y hacia donde estaban las familias asentadas. Durante una hora los fusiles Mauser se hicieron sentir sobre el territorio chaqueño, y alrededor de 400 personas (entre niños, mujeres y ancianos) murieron. Los que lograron sobrevivir escaparon hacia el monte.
Los responsables directos de la masacre fueron, según contó el fiscal especializado Vigay, el entonces presidente, Marcelo T. de Alvear, el ministro del Interior, Vicente Gallo, y el interventor del Territorio Nacional del Chaco -recién sería provincializada en 1952-, Fernando Centeno.
Vigay explicó también que este juicio llega 98 años después porque "estamos hablando de un crimen de lesa humanidad que no prescribe por el paso del tiempo", y ahondó en los motivos por los que se logró encauzar el juzgamiento a los responsables.
"Nos encontramos, por un lado, con la vigencia de la Constitución de 1823, en la que se hablaba del derecho de gentes, que es el Derecho Penal Internacional. Y por otro con convenciones internacionales firmadas por la Argentina a fines del 1800 que denotaban que la Argentina era parte de la comunidad internacional y que por ende tenía un compromiso en lo que hace al juzgamiento de este tipo de crímenes", explicó en AM750.
"Y nos hemos encontrado con el antecedente de los juicios por la Verdad en los años 90, cuando todavía existían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los responsables no podían ser sentados en el banquillo de los acusados. Se utilizó la herramienta de los juicios por la Verdad y se sentó ese precedente", concluyó.
