Por Eva Rey
Desde la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril de 2020, la relación de los jóvenes de la localidad de Pedro Luro con la Policía Bonaerense empeoró. Ahora, cada vez que se cruzan con un control “tienen miedo de que los desaparezcan y los maten”, cuenta Cristina Castro, la madre de Facundo, el joven de 22 años que salió de su casa en Pedro Luro con la intención de llegar a Bahía Blanca pero que nunca pudo terminar el viaje.
Según la reconstrucción que hizo por entonces la fiscalía encargada del caso, Facundo fue demorado por la Policía en la entrada de la localidad de Mayor Buratovich por violar la cuarentena obligatoria durante la pandemia de covid, y posteriormente visto por testigos cerca del ingreso a Teniente Origone, dos pueblos ubicados entre Luro y Bahía.
“Todo cambió acá, todo. Desde cómo miramos a la policía hasta cómo nos comportamos con ella”, lamenta Cristina, en diálogo con GO Noticias, y recuerda que durante la pandemia solía atender “con respeto” a los efectivos de la estación de servicio ubicada en la entrada de Pedro Luro, en la que todavía trabaja. Esos mismos policías son los que estuvieron involucrados en la desaparición seguida de muerte de su hijo. Puntualmente, Cristina señala a la oficial Xiomara Flores por las inconsistencias en su relato.
En un principio, Flores había declarado que cerca de las 13 de ese día había trasladado a Facundo de Burato a Origone, pero una llamada telefónica pasadas las 13.30 —en la que el joven le decía a su madre que "no lo iba a ver nunca más"— contradice esa versión. La razón es que en Origone no hay señal de teléfono, y la antena que se activó con esa comunicación fue la de Buratovich. Más tarde, ya en la etapa de investigación, se encontraron pertenencias de Facundo en los destacamentos y vehículos policiales.
Del paradero del joven de 22 años no se supo más nada hasta el 2 de septiembre de ese año, 2020, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que era suyo el cuerpo semisumergido y esqueletizado que un pescador había encontrado en el cangrejal "Cola de ballena", ubicado en la zona de Villarino Viejo, a 23 kilómetros de Bahía Blanca.
Días después del hallazgo del cuerpo, el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibieron a Cristina Castro y se comprometieron con la búsqueda de la verdad en el caso. Sin embargo, a dos años del hecho, aún resta mucho por conocer.
Quienes viven en el Partido de Villarino —al que pertenece Pedro Luro, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires— alertan que desde hace años sufren abusos por parte de las fuerzas de seguridad, pero que ahora quienes son carnada de los abusos policiales cuentan con una serie de recomendaciones que incluye, entre otras cosas, grabar todo el procedimiento, y si es posible subirlo a las redes sociales, como una forma de tener garantía de volver con vida a casa.
Amenazas, encubrimiento y complicidad
El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, cuenta que recibió amenazas por parte de Pablo Reguilón, quien era el jefe del destacamento policial de Burato al momento de la desaparición de Facundo. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en el baño de la estación de servicio donde trabaja Cristina.
Además, el otro representante legal de la familia, Luciano Peretto, también fue amenazado por la misma persona, señala Aparicio. Pero no fueron los únicos. “El otro hijo de Cristina es hostigado y perseguido por la policía. La situación está denunciada y en investigación. Pero el hijo sintió que hay una infiltración de policías en la familia”, agrega el letrado.
Los abogados de la querella y la madre de Facundo aseguran también que existe complicidad por parte del intendente del partido de Villarino, Carlos Bevilacqua, con encubrimiento incluido a la Policía Bonaerense.
En la ciudad, cuenta Cristina, “nadie puede hablar de Facundo, porque si sos municipal y hablás del caso te quedás sin trabajo”.
Aparicio asegura que durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus hubo una reunión entre funcionarios del intendente de Villarino, policías y periodistas de Bahía Blanca para delinear cómo iba a ser la estrategia de encubrimiento del caso.
“Una semana antes de que apareciera el cuerpo de Facundo se juntaron en un vivero policías bonaerenses, dos periodistas del diario La Nueva Provincia y funcionarios municipales”, relata Aparicio, y detalla que esa estrategia incluyó una campaña de desprestigio contra la familia y sus representantes legales.
“En Villarino está muy clara la posición que siente la gente común, la gente a la que le preocupan los derechos humanos, y muy clara la postura del municipio de Villarino. No solamente son policías involucrados, sino que también denunciamos al intendente y al secretario de Seguridad Ciudadana de Villarino porque sostenemos, afirmamos y tenemos pruebas para respaldar que son partícipes de encubrimiento”, agrega el abogado de Cristina.
“Hay madres que me vienen a buscar, no me conocen, y me cuentan qué les pasó con la policía. Pelear esta guerra es muy dolorosa""
Cristina Castro
El caso de Facundo Castro en los medios
Fue el mismo motivo que llevó a los policías a demorar a Facundo en la entrada de Mayor Buratovich la razón por la que Cristina y su abogado consideran que el caso se masificó y logró pisar fuerte en la agenda nacional: la pandemia de coronavirus.
“En plena pandemia, al estar todas las personas encerradas en sus casas, las redes sociales era lo que más se utilizaba, y a través de las redes nosotros logramos llegar a los grandes medios y pudimos pedir justicia a nivel nacional por Facu”, reflexiona la madre del joven, en vísperas del segundo aniversario de la desaparición de su hijo.
Por su parte, Aparicio apunta a dos elementos que para él fueron claves en la viralización de la causa. Primero, el accionar de las fuerzas policiales en todo el país durante la etapa más dura del aislamiento, en la que se denuncia una suerte de pase libre para la violencia policial. Segundo, la situación política. “Muchos medios contrarios al Gobierno aprovecharon esta situación, cuando no tuvieron la misma preocupación por la desaparición de (Santiago) Maldonado”, agrega.
Además de la difusión del caso en internet, para Cristina “estaba a la vista, era clarísimo y evidente que los que habían desaparecido Facu eran policías bonaerenses de Villarino”. Entonces, el reclamo llegó rápidamente a organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de violencia policial, para con quienes asegura tener un agradecimiento de por vida.
Con el paso de la causa a la Justicia Federal, en junio de 2020, por considerar que la Bonaerense estaba involucrada en la desaparición de Facundo, la familia intensificó su reclamo. “Sabíamos que en algún momento tenían que devolvernos a Facu, tenían que devolvernos cuerpo. Gracias a los medios y gracias a haber gritado tan fuerte y haber recibido el apoyo de la gente en toda la Argentina y fuera de Argentina fue que nos lo devolvieron”, recuerda su madre.
La causa de Facundo Castro hoy
A dos años de la desaparición de Facundo Astudillo Castro la causa transita un período de recolección de pruebas. El apartamiento de la jueza María Gabriela Marrón y del fiscal Santiago Ulpiano Martínez fue bien recibido por la familia de la víctima. El nuevo magistrado a cargo de la investigación, Walter López Da Silva, ya rechazó un pedido de nulidad solicitado por los policías respecto las pericias que dieron con la vaquita de San Antonio y la piedra turmalina de Facundo. La expectativa ahora está puesta en las nuevas pericias que el magistrado puede ordenar para que avance la investigación y se pueda llegar al juicio.
Por el momento son cuatro los policías involucrados en la desaparición seguida de muerte de Facundo. Se trata de la mencionada oficial Xiomara Flores; su media hermana, Jana Curruhinca; la pareja de Xiomara en su momento, el oficial Mario Gabriel Sosa; y Alberto González, quien dice que lo vio a Facundo por última vez. Ninguno de ellos está detenido.
“Esos son los cuatro principales, pero hay entre 20 y 30 policías que tienen que ver con el encubrimiento y son policías de Bahía Blanca”, remarca Aparicio.
A pesar de aprobar las primeras medidas del nuevo juez, que se puso al frente de la causa en diciembre pasado, el abogado de la familia Castro lamenta que en el sistema federal “son muy lentos” y aventura que si se abandona el compromiso con la verdad en el caso y no se movilizan para que el tema siga en agenda “esta causa va a tardar 10 años, por lo menos”.
Violencia policial en cuarentena
Cinco meses después de la desaparición de Facundo Castro, el 20 de septiembre de 2020, otro caso de violencia policial ocurrió en el Partido de Villarino. En esa oportunidad, una joven de 20 años fue detenida y golpeada en la comisaría de Mayor Buratovich. Según denunció su madre, Luciana Giménez, la policía está acostumbrada a golpear a los jóvenes. “Nadie te ayuda, esto es tierra de nadie, la policía hace y deshace a su antojo”, denunció en un video publicado en su cuenta de Facebook.
Al año siguiente, el 7 de mayo de 2021, la Bonaerense le dio una paliza a un adolescente de 14 años en Hilario Ascasubi por no detenerse en un control policial. Cuando los vecinos de la zona vieron la escena, llamaron a la familia, que se acercó al lugar rápidamente y evitó que la golpiza continuara. “Podría haber terminado como Facundo”, declaró el padre del joven al medio local Andar.
Cristina Castro cuenta que el reclamo de justicia por Facundo la llevó a ser reconocida en el pueblo de 20.000 habitantes en el que todavía vive. “Me vienen a buscar, no me conocen, y me cuentan qué les pasó con la policía. Algunas mamás se han querido suicidar, porque pelear esta guerra es muy dolorosa”, relata. Sin embargo, asegura que no se siente una referente, pero que les da una mano a quienes son familiares de víctimas de violencia policial y los guía respecto de a dónde denunciar, porque lo único que quiere es “que no maten más pibes”.
A pesar de haber realizado varias denuncias a través de la Comisión por la Memoria, los policías involucrados en estos dos últimos casos siguen trabajando en la Fuerza. No fueron desplazados ni pasados a retiro: fueron trasladados a otros pueblos y siguen portando un arma, advierte Cristina.
La ONG Amnistía Internacional relevó más de 30 casos de violencia institucional en Argentina durante los primeros meses del aislamiento más estricto por la pandemia de coronavirus, entre los que destacan el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia ejercida contra la comunidad Quom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
Del total de casos recolectados, en seis hechos de violencia institucional las fuerzas de seguridad están sospechadas de tener responsabilidad en el asesinato y/o desaparición de personas, señala la ONG. Además, Amnistía detalla que las fuerzas de seguridad federales efectuaron 10.887 detenciones entre el 20 de marzo y el 4 de mayo del 2020.
Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), publicado en diciembre del 2021, desde el regreso de la democracia, 8.172 personas fueron asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad. En los datos disponibles con posterioridad a abril de 2020 en la zona dónde desapareció Facundo, la CORREPI tiene registro de un caso de violación seguida de muerte de una niña de dos años en Punta Alta y cuatro muertes en penales de Bahía Blanca.
