Una masiva movilización en Jujuy exigió al gobernador, Gerardo Morales, que respete las libertades democráticas y el derecho a organizarse. La protesta buscó hacer visible la escalada represiva que ocurre en la provincia: en julio hubo 16 allanamientos a comedores y merenderos barriales; luego se supo que la policía había infiltrado a los movimientos populares que habían protestado contra Morales en la puerta de la Legislatura durante la apertura de las sesiones ordinarias. En marzo, en una jornada para pedir alimentos, fueron detenidos 15 manifestantes. En julio le tocó a otros tres, entre ellos el apoderado local del Partido Obrero. Y la semana pasada, el Movimiento de Trabajadores Excluídos denunció que un grupo de encapuchados secuestró por 12 horas a un comunicador popular que milita en la organización, hecho que el ministro de Seguridad de Morales asegura que no ocurrió pero que la justicia se demora en investigar. Por eso, las organizaciones denuncian que la persecución es estatal y parapolicial.

La movilización salió de las afueras de San Salvador de Jujuy y tuvo como destino la casa de gobierno. Reunió a movimientos populares, organismos de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones políticas de izquierda, que fueron acompañados por una delegación de referentes nacionales. Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, Rafael Klejzler, del MP La Dignidad, Marianella Navarro, del FOL y el diputado del FIT Alejandro Vilca fueron algunos de ellos.

Allí reclamaron el cierre de todas las causas abiertas contra militantes y la derogación del Código Contravencional, una herramienta que la justicia de la provincia viene utilizando para punir las manifestaciones a la par que las denuncias penales.

De marzo a agosto

De manera previa a la marcha, las organizaciones presentaron un habeas corpus preventivo, para que la gobernación y el poder judicial se abstengan de impedir la protesta. El escrito fue patrocinado por el abogado Luis Paz, parte de la defensa de Milagro Sala, que en este caso reseñó los hechos de persecución recientes:

  • El 3 de marzo, organizaciones del Frente de Lucha Piquetero hicieron una jornada pidiendo asistencia para más de 150 merenderos en Jujuy. El reclamo terminó con una brutal represión, heridos de bala de goma y más de 15 detenidos que permanecieron privados de su libertad durante seis días.

  • El 30 de marzo se realizó un acampe en distintos puntos del país por partidas para los comedores y en rechazo al acuerdo con el FMI. Tras ese reclamo, el 7 de abril dos dirigentes fueron detenidos, entre ellos el apoderado legal del Partido Obrero, Sebastián Copello. Y al día siguiente, mientras las organizaciones realizaban una conferencia de prensa en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, fue detenida arbitrariamente Jésica Bustos, integrante de Mar, sólo por llevar una remera del movimiento y participar de la acción pública en la plaza.

  • El 1 de abril se realizó el acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Las organizaciones sociales hicieron una protesta en la que fueron agredidos por la policía: “nos sacaban fotos, nos amenazaba con los perros, nos golpeaban con las tonfas y elementos punzantes y usando gas pimienta”.

Ante las denuncias, el Poder Judicial viene redoblando la pulseada. El fiscal Diego Funes, que está cargo de la causa de los 16 allanamientos, aseguró en los últimos días que con los elementos secuestrados en los operativos “se está corroborando la existencia de cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas y cierto control de las personas que asisten con planillas de asistencia”, lo que a su criterio probaría el delito de “extorsión”.

En el mismo sentido habló el juez Rodolfo Fernández, que aseguró que la investigación apunta a determinar si se les cobra un aporte a los beneficiarios de planes sociales.

Por los derechos democráticos

Ex diputada provincial, Alejandra Cejas está llevando adelante la representación del militante del MTE secuestrado. “Ocurrió el jueves 4 de agosto. El iba caminando por la colectora de la ruta 66, es el ingreso a San Salvador de Jujuy, un lugar que tiene 7 cámaras de seguridad en el lugar donde lo secuestraron. Lo detuvieron a la orden de ‘policia, lo maniataron, lo encapucharon, lo pusieron en la parte posterior del vehículo y lo mantuvieron secuestrado en una habitación desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, cuando lo liberaron en el mismo lugar donde se lo había secuestrado. Sólo le robaron el chip del teléfono”, dijo a Página/12.

“Hicimos la denucia el mismo día. Ahora la policía lo busca casi todos los días pidiéndole que haga una ampliación de la denuncia, que no es una obligación, es un derecho. Y el sábado salió el ministro de Seguridad a decir que es falsa la denuncia, aunque hasta ahora ni siquiera se abrió el expediente judicial para investigar lo sucedido. Esto habla de la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, porque a esto tiene que investigarlo un fiscal. Y muestra que nadie está seguro porque no se están cumpliendo las garantías constitucionales; con todos los recursos que tiene la provincia, su obligación es investigar”.

El delegado del Frente de Organizaciones en Lucha, Sebastián Fernández, agregó desde el lugar de la marcha: “Las organizaciones sociales vamos a apelar a todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional ante la grave y sistemática violación de derechos en Jujuy”, señaló en la marcha. “El secuestro de trabajadores, los aprietes por parte de las fuerzas policiales en nuestros lugares de trabajo, como así también la violación al derecho de reunión y protesta deben ser condenados, ya que es una violación directa a todos los derechos democráticos”.