![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Irina-Hauser.png?itok=wge3Tmsk)
Un rasgo que llama la atención de la etapa del alegato de la fiscalía del juicio por la obra pública en Santa Cruz, además del tono de show, es que por momentos parece que estuvieran leyendo lo que dicen, como si tuvieran un teleprompter delante como ayuda. En la audiencia de este martes hubo un instante, cerca de las 13, en que eso que tantos suponían quedó en evidencia cuando al fiscal Diego Luciani se le escapó uno de sus "machetes" que apareció en la pantalla y coincidía con lo que estaba exponiendo.
El problema con esta situación es que el Código Procesal Penal establece en el artículo 393 que "no podrán leerse memoriales" cuando les dan la palabra para alegar. Todo viene facilitado porque el proceso se sigue haciendo —por decisión del Tribunal Oral Federal 2— en forma remota, pese a que en octubre del año pasado la Corte Suprema estableció la vuelta a la presencialidad.
Leer con (poco) disimulo
Cuando Cristina Fernández de Kirchner habló en su indagatoria en este mismo juicio, el tribunal oral rechazó la transmisión en vivo de la declaración, pero a los fiscales Luciani y Sergio Mola se los puede ver en directo por YouTube y el que se la perdió puede encontrar el video colgado en el sitio para repasarlo con posterioridad.
Si bien el Código Procesal les impide leer su exposición, no define las consecuencias de romper esa regla (sanciones o nulidades). Deberían ser los jueces del tribunal oral quienes señalen la irregularidad, según el artículo 370 de la misma norma. Esta semana presidió las audiencias Jorge Gorini, ya que Rodrigo Giménez Uriburu se corrió de esa función después de ser recusado por CFK y otras defensas después que Página/12 reveló que el magistrado y el fiscal Luciani no sólo juegan en el mismo equipo de fútbol sino que lo hicieron en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri, cuando era presidente. Ninguno de los dos jueces, que comparten tribunal con Andrés Basso, señaló anomalía alguna.
Este martes, por ejemplo, uno de los materiales leídos —sin explicitarlo— por la fiscalía, como escribió Raúl Kollmann en este diario, fue un informe aportado por Alejandro Mon, un exasesor del extitular de la Dirección de Vialidad macrista, Javier Iguacel. Mon declaró como testigo y contó que Iguacel le había encargado un análisis de las obras de rutas en Santa Cruz pero que desde el organismo le dieron expedientes desprolijos e incompletos. Después de testificar quiso entregar un informe escrito pero los jueces se lo rechazaron, porque ya estaba concluido el período de entrega de pruebas. Al meterlo en el alegato ahora lo hacen pasar como si fuera una prueba, lo que incluso era un paper a pedido, para disimular a la vez que la propia Dirección de Vialidad había descartado anomalías al afirmar, entre otras cosas, que no se pagaron obras que no se hayan hecho.
En una pantalla de Zoom puede parecer que los fiscales se explayan casi de memoria, excepto cuando usan algunos cuadros y escritos que cuentan como exhibición de pruebas. Pero lo que ocurrió también el martes al mediodía, y que duró un buen rato, es que quedaron exhibidas en la pantalla las anotaciones que Luciani iba leyendo, en este caso sobre una planilla con información sobre las características y condiciones de los equipos que debía presentar Austral Construcciones en cada obra.
Lo que se ve es que va bajando en la pantalla una suerte de ayuda memoria que el fiscal lee textual y eso incluye comentarios (no ya datos en teoría más técnicos) de apariencia espontáneos como: "Sobre este punto nos detendremos más adelante pero quiero destacar que tal como vemos en la planilla consta una nota a la que hicimos referencia en la cual dice que la columna siete queda reservada para el uso de la inspección de la A.G.V.P" (Administración General De Vialidad Provincial). La anotación quedó a la vista un buen rato y la puesta fue muy evidente.
Si las audiencias fueran presenciales los fiscales no podrían tener semejante "machete" para hacer su exposición, que debería ser espontánea, aunque pueda estar guiada por ítems. En pandemia no quedó otra opción para el sistema de justicia que avanzar con los juicios de manera remota, pero esa etapa el máximo tribunal ya la dio por terminada hace rato.
Algunas defensas reclamaron presencialidad, y los planteos fueron rechazados sin mayores explicaciones. El último protocolo entregado por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte dice que por el "contexto favorable" en relación al covid, no hace falta que se aíslen contactos estrechos, qué se debe hacer si alguien tiene síntomas, cómo informar casos de covid confirmados, que las personas con factores de riesgo ya no están eximidas de la actividad laboral y que el uso de barbijo es optativo.
Sobre las lecturas de Luciani y Mola algunos defensores analizan realizar algún pedido u observación.
El ladrón del sándwich
La defensa por parte de la oposición y su prensa aliada de la performance de los fiscales, al conocerse vínculos con quienes deben decidir sobre la acusación y sobre todo lazos con Macri, alcanzó extremos tales como que el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, llegó a preguntarse si es tan importante que hayan jugado al fútbol "en la cancha de alguien que no conocen".
Algunos jueces de la Cámara de Casación Penal Federal ya han recordado, cuando se conocieron las visitas de sus colegas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, que además de normas y garantías constitucionales que exigen imparcialidad, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial señala que "sólo son admisibles éticamente las reuniones públicas y de carácter protocolario, resultando absolutamente desaconsejables todos los encuentros de jueces y políticos, públicos o privados. Resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad". Un juez de superior tribunal le dijo a este diario que ser y parecer imparcial es una exigencia unánimemente aceptada "en todos los ordenamientos y doctrinas porque hacen a un debido proceso y también a la objetividad en el caso de los fiscales".
Más allá de ese punto, Morales Solá cuestiona que haya medios o periodistas que recordaran que Luciani trabajó en el juzgado de Juan José Galeano, quien fue destituido por su papel en la causa AMIA, donde se le pagó a un imputado por aportar una historia falsa. Dice que eran muy joven en ese entonces, "un pinche".
Lo que no cuenta es que "el pinche" Luciani, que efectivamente era "escribiente" en aquella época, fue como tal uno de los testigos que describieron un insólito hecho por el que un detenido (por otro tema, antes del caso del atentado) que llevaba horas esperando declarar se comió un sándwich que había en uno de los escritorios.
La denuncia del robo del sandwich fue alentada por quien era secretario, Javier de Gamas Soler, hoy juez en Ushuaia, procesado por incumplimiento de deberes este año en relación al caso AMIA, y con los relatos de varios funcionarios judiciales presentes, según consta en el escrito que la secretaria Susana Spina le informó al entonces juez Galeano.
