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En el sorprendente show que arman el fiscal Diego Luciani y sus voceros mediáticos, se repiten imputaciones que ya fueron abordadas y refutadas a lo largo de los tres años del juicio. Este martes, Luciani puso énfasis en lo que se llama el pago anticipado, que es una modalidad por cual la empresa constructora puede cobrar rápidamente lo hecho, pero se le aplican los intereses correspondientes, con la tasa activa del Banco Nación. Es decir, es como si se sacara un crédito en el Banco Nación, con la garantía de un certificado de obra, o sea un tramo de obra que el Estado ya verificó y que por lo tanto va a pagar.
Esa modalidad ya regía desde 2003 y fue aprovechada por numerosas empresas, aunque la mayoría prefería evitar que le descuenten esos intereses, que como cualquier ciudadano sabe, son muy altos. Además, el "pago adelantado" figuró en casi todos los pliegos.
Este miércoles también se exhibieron unas fotos del barrio El Faro, de Río Gallegos, adjudicándole al kirchnerismo que no se pavimentó, cuando eso figuraba en el plan de obra. La verdad de ese contrato es que cuando llegó el macrismo anuló el convenio y por eso las cuadras no se pavimentaron. Durante el gobierno de CFK se alcanzaron a hacer 30 cuadras, pero la administración de Macri se negó a seguir.
Las denuncias ya respondidas de Luciani
Para quien no siguió el juicio, las ampulosas denuncias que ahora hace Luciani producen impacto, pero todo lo que esgrime en estos días fue tratado durante los tres años de audiencias. En algún momento, Luciani —mientras leía su alegato, algo que el código prohíbe— deslizó que la resolución 899 de 2010 y los pagos anticipados no son delito, sino que quería marcar un supuesto privilegio de Lázaro Báez. El fiscal afirmó que el santacruceño lo usó 1.700 veces, una cifra que nunca planteó en las audiencias y que nadie sabe de dónde sale.
La resolución anterior, que también autorizaba los pagos anticipados, fue la 982 de 2003, y se mantuvo publicada en la página de Vialidad Nacional hasta 2016, cuando el macrismo la borró para usarla en este juicio. Además, los pagos anticipados figuran en los pliegos de todas las obras.
Tampoco se está hablando de muchos meses. Vialidad Provincial de Santa Cruz pagaba los certificados de obra a los 60 días, mientras que Vialidad Nacional lo hacía a los 30. Por lo tanto, como las rutas se hicieron por convenio con Vialidad santacruceña, los constructores reclamaban que les paguen al mes. Para evitar el bache, se introdujo el pago anticipado, pero siempre con el pago de la tasa activa del Banco Nación.
Para acceder a los fondos, primero se requería el certificado de obra, que lleva la aprobación de nueve funcionarios, que son los que firman. Recién después se podía lograr el adelanto que requería seis firmas más. Y el titular de Vialidad Nacional, en ese entonces, Nelson Periotti, ni se enteraba, porque era un proceso administrativo. Lo que introdujo la resolución de 2010 fue que debía firmarse un convenio con cada empresa, lo que agilizaba los tiempos, porque directamente se hacía con el director administrativo de Vialidad. El motivo de esta decisión fue lo ocurrido con un alud que arrasó con parte de la ruta 3, cerca de Comodoro Rivadavia, con un saldo de tres muertos. Pero el pago anticipado existía de mucho antes.
Durante el juicio, algunos empresarios dijeron que no conocían lo decidido en 2010, pero esencialmente fue porque a esos constructores no les convenía pagar los intereses del Banco Nación. Fue algo a lo que preferían no recurrir y que no les interesó nunca.
El barro de Río Gallegos, gracias a Macri
Finalmente, durante este miércoles, se dieron a conocer imágenes del barrio El Faro, que estaba incluido en el plan de pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos. La obra se empezó y avanzó a lo largo de 30 cuadras: no era sólo pavimentación sino también un sistema cloacal.
Pero, como se sabe, a fines de 2015 llegó el macrismo y dispuso cancelar todos esos convenios y planes de obra. Sin fondos, la gobernadora Alicia Kirchner tuvo que rescindir los contratos y el anegamiento que ahora exhiben es producto de la política de Iguacel y Macri que paralizaron las obras, no sólo en Santa Cruz.
