Se reunían en el bar del Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, donde prestaban servicios en el Ejército. Se “disfrazaban” de civiles, pantalón y saco, pelo largo, bigotes, y salían a “cazar subversivos” por las noches. Desde este miércoles a la tarde, aquellos crímenes ya no están impunes: el Tribunal Oral Federal 2 de Ciudad de Buenos Aires condenó a parte de esa patota por considerar que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Así, los represores Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari recibieron condenas a prisión perpetua por haber sido hallados responsables de homicidio agravado, secuestro y torturas. Los jueces absolvieron a los otros dos acusados, Luis Brun y Osmar Andrade, y ordenaron su libertad inmediata.

La jornada comenzó con un tire y afloje entre familiares de las víctimas, las partes acusadoras y el tribunal --el mismo que está a cargo de la causa Vialidad, con Cristina Kirchner entre los acusados--. A la ya tradicional negativa de este tribunal a que se transmita el debate, se sumó la negativa a que la prensa ingrese a la sala donde se leyó el veredicto, el SUM de los tribunales de Retiro. Lo que subió la indignación fue el límite que los jueces impusieron al ingreso del público al lugar, que fijaron en apenas cinco personas. Familiares de víctimas se enteraron del ridículo horas antes del veredicto y tronaron. Tanto que generaron una casi inmediata reacción de Casación. A través de un comunicado, los casadores recordaron al tribunal que la sala en donde se llevaría a cabo la audiencia de lectura “dispone de una amplia capacidad que se estima en torno de las 70 personas, no existiendo limitación alguna en cuanto a la cantidad de asistentes”. De cinco, los asistentes habilitados pasaron a 70.

Las esperanzas de Bárbara García de que hubiera condenas para los responsables del secuestro de su mamá, Rocío Martínez Borbolla, se cumplió. Sánchez Zinny, el único acusado que llegó al veredicto del juicio que comenzó ocho meses atrás –Alberto Schollaert quedó fuera de debate por cuestiones de salud y Gustavo González Sass falleció–, recibió la condena máxima. Cumplirá su condena, la primera que recibe por crímenes de lesa humanidad, en su casa, al igual que Morello y Linari. Al salir de la sala de audiencias, Camilo García coincidió con su papá, de quien se abrazó tras escuchar las condenas: “Fue como si la hubiéramos rescatado”, apuntó en declaraciones a La Retaguardia.

La lectura del tribunal

Martín Sánchez Zinny era subteniente a cargo de la Sección Tiro de la Compañía C del RIM 6 de Mercedes. Bárbara García reconoció su foto entre decenas de otros militares, como quien integró la patota que secuesró a su mamá de la casa de Haedo en la que vivían, el 13 de junio de 1976, que la golpeó y amenazó de muerte a ella y a su hermano, de entonces 9 y 4 años respectivamente. También fue reconocido por el ex soldado conscripto Hugo Travi como quien fusiló al militante del PRT-ERP Jorge Arancibia, en la puerta de una vivienda ubicada en San Andrés, una de las imprentas en las que esa agrupación hacía sus revistas El Combatiente y Estrella Roja. “Estos son los que matan a tu familia”, le escuchó arengar Travi a Sánchez Zinny.

Antes de escuchar el veredicto, el represor se llamó inocente y “víctima de un ghetto jurídico” en relación a los juicios por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, apropiación de bebés y abusos sexuales, entre otros tantos delitos aberrantes que desarrollaron genocidas durante la última dictadura. Llamó a quienes impulsan las demandas sobre estos crímenes “hordas de salvajes terroristas” y la causa que le valió su primera condena una “mentira”. En un fallo dividido, el TOF avaló el reconocimiento de García y también el testimonio de Travi: responsabilizó a Sánchez Zinny por el secuestro de Martínez Borbolla, de su compañero Pedro Marcucci; del homicidio de Arancibia, y el secuestro de Pablo Pavich, el militante del PRT-ERP a quien torturaron hasta conseguir el dato de la imprenta de San Andrés, y de otra persona de la que se desconoce su identidad.

Con la disidencia del juez Rodrígo Giménez Uriburu, los jueces Jorge Gorini y Javier Ríos consideraron también responsable del homicidio de Arancibia y los secuestros de Pavich y de la otra víctima en juicio a Emilio Morello, que al momento de los hechos era subteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B del RIM 6 y que según Travi, les dijo a los conscriptos obligados a participar del operativo en San Andrés: “Primero se tira, después se pregunta”. Con el devenir democrático, Morello se aggiornó en la política, acovachado en el Modin, de Aldo Rico. Junto a Sánchez Zinny integraron el movimiento golpista carapintada desde el que reclamaron impunidad para sí mismos.

Las últimas palabras de Morello fueron por el lado de la lástima –que le privaron de su libertad, “desarraigado” de sus afectos, que perdió su trabajo–, el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos y la obediencia debida: “No tienen idea de lo que era la vida de un oficial subalterno en aquellos años. Nada saben de la obediencia y del flagelo del accionar del terrorismo en nuestra Nación”.

El otro condenado a perpetua fue Horacio Linari, subteniente a responsable de la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A en aquellos años y quien en su indagatoria confirmó haber participado del operativo. Al igual que Sánchez Zinny, Morello y él también fueron condenados por primera vez. Los tres cumplirán penas en sus casas, tal como venían haciéndolo. Para Luis Brun, que era subteniente a cargo de la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B, y Osmar Andrade, que era fue cabo primero, el TOF dictó absoluciones y ordenó libertad inmediata. Andrade es el único que estaba preso en el penal de Campo de Mayo.