Afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, en Bolivia, se movilizaron este miércoles hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para exigir la libertad de 24 cocaleros que fueron arrestados y acusados de portar explosivos y generar disturbios.
Los incidentes comenzaron a principios de agosto cuando los integrantes de la Adepcoca y opositores del gobierno de Luis Arce se reunieron en las calles para exigir el cierre de un mercado paralelo de venta de coca, al que acusaron de ser ilegal.
Según medios locales, los cocaleros de Adepcoca marcharon hacia el otro mercado para intentar cerrarlo, pero no pudieron, ya que había policías antimotines que les impidieron el paso. Allí comenzó el conflicto en el que se generó un intercambio de pedradas, gases lacrimógenos, bazucas caseras y hondas.
En tanto, el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, informó que los cocaleros fueron detenidos tras los enfrentamientos con la policía, porque tenían artefactos explosivos y teléfonos con "números internacionales para operar criminalmente".
Tal como detalló la prensa local, del Castillo presentó a los detenidos ante los medios de comunicación como los "responsables de haber generado los disturbios que comenzaron hace más de una semana". Este accionar fue criticado por la organización Human Rights Watch, ya que "viola la presunción de inocencia".
Días atrás, el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, informó a la prensa que se registraron tres heridos (dos efectivos policiales y un cocalero) y dos detenidos.
Cerca del 90% del negocio de la coca en Bolivia es confiscado por la Adepcoca y tiene un valor de unos 173 millones de dólares al año, según cifras publicadas por las Naciones Unidas.
