A puertas cerradas se está juzgando a una veintena de policías por la represión de 2020 en los asentamientos de los barrios Ampliación Parque La Vega y San Calixto. El juicio se realiza desde el lunes en la Sala I del Tribunal de Juicio, a cargo de la jueza María Victoria Montoya Quiroga, quien no permite el ingreso de la prensa ni del público, aduciendo que el espacio es pequeño, y por prevención por la covid-19.

Ayer declaró la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy, quien señaló la importancia de que la causa llegara a esta instancia, pero también las irregularidades con que se está llevando a cabo el proceso. El fiscal Gustavo Vilar Rey, informó en audiencia que solo ubicó a tres testigos y víctimas de la represión. La Secretaría de DDHH de la Nación denunció la violencia policial en su momento. 

Vilar Rey está a cargo de la acusación y fue asignado para representar al Ministerio Público Fiscal que dirige el procurador general Pedro García Castiella. Lo llamativo de esta designación es que se trata de un fiscal que había sido removido de la Fiscalía de Derechos Humanos, por el anterior procurador y actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo, debido a que durante 2020, y ante el recrudecimiento de la violencia policial en pandemia, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos señalaron la inacción9 y el cajoneo de causas por parte de este funcionario en los años que llevaba en el cargo. En aquel momento el Ministerio Público hizo una auditoría y se le inició un sumario administrativo por no investigar a la policía, la función específica que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos.

Martínez Morales Miy dijo que le resulta llamativo e "inentendible" que Vilar Rey haya sido designado en esta causa. "Estuvo en la Fiscalía de Derechos Humanos durante mucho tiempo y hubo pocas imputaciones, no hizo investigaciones fuertes ante denuncias por hechos de esta envergadura", recordó. Con todo ello, consideró que el funcionario ya evidenció que "no tiene interés en juzgar los abusos policiales".

La investigación penal preparatoria por la represión en los asentamientos de la zona sudeste fue realizada por la fiscala Verónica Simesen de Bielke, quien reemplazó luego a Vilar Rey. Después hubo otro cambio en la Fiscalía de Derechos Humanos, ya que la fiscala fue asignada a otra área y quedó a cargo Gabriel González, quien se encuentra de licencia. En esta instancia, Vilar Rey fue designado como interino, de nuevo a la Fiscalía de Derechos Humanos, para sostener la acusación contra los efectivos en este juicio. 

La causa contra los 20 policías se abrió por una denuncia y la presentación de un informe que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a cargo de Horacio Pietragalla. El organismo no se constituyó como querellante, pero está presentado como amicus curiae en el juicio. 

La abogada de la Secretaría, Dolores Parra, junto a Martínez Morales Miy, fueron al día siguiente de la represión al asentamiento y recabaron testimonios de las personas damnificadas, entre las que había un adolescente de 15 años herido con balas de goma y niñxs que presenciaron los hechos de violencia. Tambien aportaron material probatorio a la fiscala Simesen de Bielke como las fotografías de las heridas que tenían lxs asentadxs y de los perdigones de bala de goma, y una de plomo sin estallar, que habían quedado en el asentamiento y fueron recogidas.

Pese a que había niñxs y adolescentes durante la represión, la Asesoría de Menores e Incapaces no se presentó para resguardar sus derechos en este juicio.  

Un juicio sin las víctimas

Martínez Morales Miy pudo declarar este miércoles como testiga, pero en realidad no fue citada hasta que Parra se lo sugirió a la secretaria del Juzgado, ya que ninguna de ellas había sido llamada a brindar testimonio.

"No me pareció que haya una investigación seria en relación a lo que pasó ese día", dijo la delegada nacional. Contó que hasta el momento ella es la única testiga que declaró a favor de las víctimas y éstas no se han presentado a declarar y se cree que en su mayoría no fueron notificadas.

"Entendemos que no se han buscado los testigos. Cuando se ejerció la violencia institucional había organizaciones de derechos humanos, militantes, muchas personas que colaboraron, se acercaron a llevar medicamentos, organizaron ollas populares, vecinos en contra y solidarizados, había una enorme cantidad de testigos más allá de la gente que fue reprimida", manifestó Martínez Morales Miy. 

El fiscal Vilar Rey anunció en esta audiencia que con un investigador ubicó solo a tres víctimas de la represión, que debían presentarse a declarar, pero como no lo hicieron les hará llevar por la fuerza pública.

Martínez Morales Miy señaló que la Justicia no garantizó suficiente protección a lxs testigxs para que se presenten a declarar. Las víctimas lesionadas, y demás testigxs que estuvieron en la toma, habían manifestado temor de enfrentar a la policía, sobre todo luego de que el delegado del asentamiento de Parque La Vega, Yuthiel Alderete, fuera detenido, le imputaran un cúmulo de causas judiciales y después de meses, un abogado lograra que le dieran el arresto domiciliario, situación en la que continúa. 

Martínez Morales Miy dijo que la mayoría de víctimas de la represión estaban identificadas y que durante la Investigación penal preparatoria, la fiscala Simesen de Bielke se comunicó con la Secretaría, para decirles que esta causa se iba a llevar a juicio y solicitarles la ayuda para localizar a los testigos.

Durante la pandemia surgieron varios asentamientos en Salta, y se evidenció la problemática del grave déficit habitacional que hay en Capital y también en el resto de la provincia. En ese contexto la policía reprimió a lxs asentadxs en Ampliación Parque La Vega y San Calixto.

La delegada de la Secretaría de DDHH nacional rescató que este juicio se esté realizando y que "siente un antecedente importante para que se lleven adelante los juicios por violencias policiales. Es notable y digno de celebrar, además es importante remarcarlo para incentivar que se siga por este camino (...) Más allá de que este juicio no esté siendo bien desarrollado o no estén protegidos los testigos". Consideró además que otro capítulo será "cómo termina", para lo que habrá que esperar la sentencia, según lo que se habría deslizado en audiencia, por la falta de testigos, podría dictarse en esta misma semana.

Para la delegada, debería haber un cambio en el paradigma de seguridad de la provincia. Consideró que la policía debería ser más "comunitaria", con una mirada "nueva y democrática", que aplique un paradigma de "seguridad ciudadana", y no tanto del control social. Destacó también la importancia de que la gente empiece a reconocer la violencia policial y no tolerarla.

El juicio no es público

Lxs abogadxs de la Secretaría de Derechos Humanos, Parra y Fernando Ruarte, se tienen que turnar para ingresar a un cuarto de la pequeña sala porque la jueza les permite el ingreso solo a unx, y negó el acceso a veedorxs propuestos, y también de la delegada en Salta.

Martínez Morales Miy señaló "lo raro de la elección de la sala" donde se está realizando el juicio. Consideró que "hay una intención de que esto no se haga público". "Dicen (desde el Juzgado) que la sala es chica, que se están cuidando por el covid", contó. Tampoco se garantizó la retransmisión online, recurso implementado en algunos juicios ante las restricciones de la pandemia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos habían manifestado sus inquietudes a la jueza por la falta de cobertura de prensa. El presidente de la Asociación de Periodistas de Salta, Fernando Climent, se comunicó con el Poder Judicial también por este motivo.

Climent dijo a Salta/12 que ante este "importante juicio contra veinte efectivos de la fuerza policial" y como en otros juicios "en los que se juegan intereses de determinados personajes de la vida social, ya sea si son representantes clericales o funcionarios", "casualmente las salas son chicas y eligen las peores condiciones para llevar un juicio en donde se debería desde el principio permitir fundamentalmente el ingreso a periodistas para que puedan realizar su trabajo". Climent resaltó que en los juicios orales y públicos el Poder Judicial debe cumplir con ese fundamento.

"A nosotros no nos queda más que sospechar que hoy el Poder Judicial de alguna manera siempre esta buscando minimizar o de alguna manera, por llamarle sutilmente, evitar el mayor escarnio público, el análisis, minimizar la opinión pública y coartar el trabajo de prensa libremente". La restricción a la cobertura de prensa "es atentar contra la libertad de expresión", consideró.

Lxs acusadxs

Los policías están acusados "por vejaciones calificadas, lesiones leves en concurso ideal, y todo en concurso real" en perjuicio de 6 personas. Aunque Simesen de Bielke en el requerimiento de juicio había indicado que "entre las 18.30 del 25 y las 0.30 del 26 de agosto del 2020, los funcionarios desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometieron en contra de la integridad física de 21 personas mediante el uso de armas largas y marcadoras, a quienes le causaron múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo", según se constató tras el examen médico del CIF.

Lxs efectivxs son Federico Samuel Heredia, César Hugo Brizuela, Raúl Héctor Herrera, Diego Fernando Suárez, Marcos Guillermo Rodríguez, Hugo Ariel Troncoso, Carlos Eugenio Torres, Claudio Daniel Muruaga, Korge Enrique Acoria, Gustavo Adolfo Flores, Simón Antonio Cansino, Diego Gustavo Tolaba, Carlos Alberto Ríos, Claudio David Flores, Gustavo Ariel Quispe, Diego Aniceto Potosí, Mauro Renato Luna, Estela Margarita Ampuero, Daniel Fernando Mamaní y Cristian Gonzalo Blas Pereyra. 

La defensa está a cargo de Pablo Alberto González y Pablo Albornoz (codefensor).